Organización de Lucha por la Tierra
Los suscribientes de esta carta, individualidades y organizaciones nacionales e internacionales, nos dirigimos al Señor Horacio Cartes, Presidente de la República del Paraguay, Sr. Francisco de Vargas, Ministro del Interior y Sr. Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, para pedir no al DESALOJO de las 330 familias campesinas sin tierras, del Distrito de Yvyrarobaná, Departamento de Canindeyú, quienes ya están asentadas en unas 4.499 hs. de tierras de origen público, y fuera adjudicado de manera ilegal en el año 1969 a una empresa mercantil, entidad no sujeta a la Reforma Agraria.
Enrique Bendlin, Presidente de Perfecta S.A. era amigo personal del dictador Alfredo Stroessner, y aprovechando esa condición, simularon una permuta, entregando al IBR (Instituto de Bienestar Rural) una avioneta inservible, que posteriormente el IBR tuvo que subastar por menos del precio de 3 millones de guaraníes con que fue tasado. Este acto jurídico, que seguía siendo ilegal, permitió para que la empresa Perfecta S.A se quedara con las tierras e inscribiera en el registro de la propiedad como suya, y para blanquear definitivamente, entre mismos accionistas de la empresa, se realizaron una serie de transferencias para quedarse actualmente a la Ganadera Pindó S.A, cuyos accionistas son miembros de la familia Bendlin.
El acto de permuta señalada, seguía siendo ilegal; pues, violaba abiertamente lo establecido en la Ley 854/63 del Estatuto Agrario, que regía al momento de dicha adjudicación, la misma no autorizaba al IBR a adjudicar tierras de reforma agraria (fiscal) a una empresa mercantil como era Perfecta S.A. y menos a una sociedad anónima, porque dicha ley no reconoce como beneficiarios del Estatuto Agrario, a las sociedades anónimas y mercantiles.
La forma de adjudicación y transferencia posteriores hecha por los Bendlin, costa en los archivos de la Dirección General de los Registros Públicos y en el Exp. Nº 1144/12, que obra en el INDERT impulsados por las familias campesinas del ya Asentamiento 1º de Marzo; lamentablemente hasta el momento, ninguna institución estatal se interesó en revisar y accionar para que el inmueble retorne al patrimonio del Estado y sean destinadas para Reforma Agraria.
El Estado Paraguayo, tiene compromisos internacionales suscritos, para garantizar los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de sus habitantes. No puede recurrir al Desalojo o la Represión de un Asentamiento formado, donde habitan y se sustentan más de 300 familias desde el año 2012, sin garantizarle a las mismas, lo pactado ante organismos internacionales en el marco jurídico supranacional.
A las familias campesinas, por derecho natural le corresponden contar con un pedazo de tierra, esto es lo que un Estado serio debe procurar y garantizar, y no utilizar el “Estado de Derecho” para proteger intereses de empresas que han obrado de manera fraudulenta para quedarse con las tierras destinadas para la Reforma Agraria, ni para ofrecer “represión” sin garantizar derechos.
Esperamos que en vez del desalojo, el Ejecutivo acompañe el proyecto de ley de expropiación, que obra en el Parlamento sobre estas tierras, para garantizar los derechos a los pobladores del Asentamiento 1º de Marzo, ya que se trata de una cuestión vital para ellos; no así para una empresa que tiene plenamente garantizados y por mucho tiempo sus derechos fundamentales.
¡No a la impunidad!
¡Si a la justicia!
ENVIOS DE CARTAS A:
- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
[email protected] y [email protected]
Telefax: 59521-414-0212
- MINISTERIO DEL INTERIOR
Telefax: 415 – 2221 y 415 – 2240
- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Telefax: 59521- 415-6000
CON COPIA AL CORREO:
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Enviada para Combate Racismo Ambiental por Rodrigo de Medeiros Silva.
