Por Roger Tunque – Servindi
“No hay ningún lugar del planeta en el que sea más probable morir asesinado por protestar contra el expolio de tierra y la destrucción del mundo natural que en Honduras”, asegura un reciente informe de Global Witness.
Asimismo, la investigación afirma que, desde el 2009, un total de 123 activistas de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados, además de aquellos que han sido amenazados, atacados o encarcelados.
De acuerdo a las investigaciones de Global Witness, algunas industrias respaldadas por las élites políticas y empresariales incumplieron las leyes, sobornaron a funcionarios y pasaron por alto las exigencias de los pueblos de ser consultados sobre los proyectos que afectan su territorio.
“La corrupción generalizada, la promoción de los intereses comerciales y empresariales antes que los derechos humanos, la impunidad de los atacantes y la estigmatización y criminalización de los activistas se combinan para crear un cóctel letal para cualquier persona que intente defender su tierra o el medio ambiente en Honduras”, detalla el informe.
La publicación también recoge los casos que más llamaron la atención, como el de Ana Miriam y su cuñada Rosaura, quienes a pesar de estar embarazadas, fueron golpeadas luego de haber reportado amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Los Encinos. Como consecuencia del ataque, Rosaura perdió el bebé.
En el caso de Concepción Gutiérrez, los observadores internacionales que se asignaron para su protección fueron secuestrados, ya que él reportó varias amenazas en su contra y se negó a vender su tierra a una empresa minera que pertenece al empresario Lenir Pérez.
Por su parte, los líderes indígenas tolupanes Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta fueron disparados y asesinados mientras participaban en una protesta pacífica contra el paso de camiones de minería y tala por su territorio.
El informe da a conocer también el caso de la comunidad afrohondureña de Barra Vieja que se resistió a los funcionarios gubernamentales quienes pretendían desalojarlos por la fuerza para favorecer a un complejo hotelero de cinco estrellas.
De igual manera, la publicación expone el caso de Berta Cáceres, activista de derechos ambientales e indígenas, asesinada en su casa en marzo del 2016, por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA).
Las investigaciones realizadas por Global Witness demostraron que las instituciones estatales como el sistema judicial, el ejército o las fuerzas policiales suelen utilizarse para apoyar los intereses de las empresas y las personas que forman parte de ellas.
Ante ello, una de las recomendaciones que hacen a las autoridades hondureñas es realizar declaraciones públicas firmes en las que reconozcan el legítimo papel de los defensores de la tierra y el medio ambiente y se comprometan a garantizar su protección.
Acceda al informe completo de Global Witness a partir del siguiente hipervínculo:
– Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta (PDF: 52 páginas)
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Foto: Julia Francisco Martínez en la sepultura de su marido, cuyo cuerpo se encontró con quemaduras y las manos atadas con cordones de botas militares. © Giles Clarke/Global Witness.
