Más de un centenar de integrantes del Comité de Autodefensa Asháninka (CAD) del río Ene desalojó por segunda vez a un grupo de invasores armados que buscaban asentarse en la comunidad nativa Meantari para expandir su actividad de sembrío de coca y tala ilegal.
El desalojo ser efectuó de manera pacífica como una legítima acción de Defensa Posesoria Extrajudicial explicó Irupe Cañari Aragón, abogada de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
“No hubo un enfrentamiento. La presencia de los asháninkas ejerció una fuerza psicológica que provocó la salida de los colonos” detalló Cañari Aragón en una entrevista para la Ronda Informativa que edita Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP).
“Al parecer, los invasores advirtieron la llegada de los comités de autodefensa asháninka. Al llegar al primer punto de invasión, encontraron vacío el espacio, habiendo solamente restos de fogatas y algunas prendas de vestir.
“El grupo asháninka se dividió luego en dos e intentó cercar los invasores, que probablemente se encontrarían reunidos en un segundo punto de invasión”, informó CARE.
Durante la persecución el contingente asháninka capturó a cuatro invasores que intentaron fugar de la zona.
A ellos se les despojó de sus armas, pero se les dejó marchar con la advertencia de que es la última vez que el Comité de Autodefensa Asháninka actúa sin tomar represalias contra ellos.
Los capturados responden a los nombres de Félix Cayetano Romero, Fredy Ramos Quispe, Rolando Espinoza Morales y Elvis Coronado Rivas.
Ellos pertenecerían a la Asociación Señor de Productores Agroforestales y Ganaderos los Reubicados Nuevo Luren – Somaveni.
Después de despojarlos del armamento y advertirles que se encontraban en territorio asháninka, los indígenas los ayudaron a cruzar el río para que abandonen el territorio nativo, esta vez para siempre.
Con esta acción se logró recuperar plenamente el territorio de la comunidad de Meantari, ubicada en la cuenca del río Ene, en el corazón de la selva amazónica de Junín.
Cabe destacar que la Policía Nacional rehusó, con diversos pretextos, brindar apoyo a la acción de desalojo.
Perturbación constante
A inicios de febrero de 2017 unos 60 hombres armados ligados a la tala ilegal, invadieron el territorio de la comunidad nativa Meantari, distrito de San Martín de Pangoa, en la provincia de Satipo, región Junín.
Los invasores expulsaron a unas 25 familias asháninkas de su territorio ancestral y los amenazaron de muerte si es que regresaban.
Pese a la ayuda que solicitaron de las autoridades, los indígenas aseguraron sentirse huérfanos de apoyo para recuperar su territorio.
Por ello, en la primera semana de marzo decidieron organizarse a través de comités de autodefensa y recuperaron el territorio sin ayuda de la Policía o el Ejército.
Los días posteriores fueron de zozobra, ya que los asháninkas temían represalias.
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Pese a que los invasores no ofrecieron resistencia y abandonaron el lugar, ingresaron nuevamente el 5 de abril aprovechando que los nativos de Meantari no regresaban por temor.
La diferencia es que esta vez los intrusos portaban armas las cuales exhibían a fin de infundir temor.
Según diversos miembros de la comunidad, la principal actividad de los invasores es la plantación de la hoja de coca, lo que genera la contaminación de las fuentes de agua y el deterioro de las tierras.
“La quebrada Meantari viene siendo contaminada desde hace años por la producción de pasta básica que realizan los invasores. Acá está creciendo coca”, expresó un integrante de la comunidad.
Otro interes de los invasores es acceder a la tala ilegal de especies cotizadas.
Piden que el Estado cumpla su función
Desde la primera invasión, los asháninkas de Meantari no decidían regresar a su territorio por temor a una nueva invasión y se asentaron en San Ene. Pero ahora reocuparán inmediatamente su territorio y mantendrán una presencia permanente.
“Frente a la constante amenaza por parte de los invasores, madereros ilegales y narcotraficantes que circulan por el territorio, los asháninkas de Meantari piden garantías al Estado, especialmente a la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, Presidencia del Consejo del Ministros y demás instituciones públicas”, explicó CARE.
Los comités de autodefensa aseguraron además que “esta habrá sido la última invasión que dejan pasar sin tomar represalias contra los invasores”.
También manifestaron su indignación respecto a la indiferencia de la Policía ante su situación. Ante la falta de apoyo por parte de las instituciones públicas, recurrirán a la ‘justicia ancestral’, a su propia fuerza para defender su territorio, si es necesario con su propia vida.
Así que colonos invasores, madereros ilegales o narcotraficantes, ya están advertidos.
