Por Marcos Matías Alonso* – Servindi
Gracias a la presión internacional de los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo y después de un largo y complejo proceso de negociación diplomática, en el 2001, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombró al primer Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los indígenas mexicanos nos sentimos honrados porque esa responsabilidad recayó en Rodolfo Stavenhagen (QEPD), un ilustre mexicano que consagró su vida a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de México, de América y del mundo.
Del 2001 al 2008, R. Stavenhagen recorrió diversas regiones indígenas en el mundo; generó recomendaciones, informes especiales y temáticos para la consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno, para las agencias de cooperación de las Naciones Unidas y para los propios pueblos indígenas.
En junio del 2003, México fue el primer país que visitó el Relator Especial. Realizó, “in situ”, viajes de trabajo a Chihuahua, Sonora, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México.
Trece años después de la visita del Relator Especial, la mayoría de sus principales recomendaciones no han sido cumplidas por el Estado mexicano. En el Informe “Misión a México” (E/CN.4/2004/80/Add.2) clasifica sus 41 recomendaciones en: legislación constitucional, proceso de paz, Convenio 169 de la OIT, conflictos agrarios y ambientales, desplazados internos, justicia, la militarización y los grupos armados, indígenas migrantes, educación y cultura y el sistema de las Naciones Unidas.
El numeral 64 es considerado como la recomendación “madre” de todas las recomendaciones del Relator. Textualmente señala: “El Relator Especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés”.
Esta recomendación no ha sido atendida por el Congreso de la Unión ni por los poderes nacionales del país. Ni Vicente Fox, tampoco Felipe Calderón y menos Enrique Peña Nieto, facilitaron las condiciones para elaborar una reforma Constitucional y dar respuesta no solo a la Recomendación del Relator, sino al clamor de todos los indígenas de México.
En septiembre del 2014, en el acto inaugural de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Enrique Peña Nieto, con elocuencia poco frecuente en él, afirmó: “Como Presidente de México y como representante de una nación pluricultural, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, es un alto honor participar en esta Conferencia Mundial”. Posteriormente se comprometió a: “Que se armonicen las leyes nacionales, siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta Declaración en cada Estado miembro”.
Armonizar leyes nacionales en materia indígena, implica una reforma constitucional de gran calado. Homologar derechos en el marco de los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración), garantizando el derecho a la consulta bajo consentimiento libre, previo en informado, hubiera colocado a México en vanguardia de la defensa de los derechos constitucionales en materia indígena.
Desde el 2001, el Estado mexicano no ha promovido ninguna reforma constitucional sobre derechos indígenas con base a la legislación internacional vigente, no ha cumplido con los Acuerdos de San Andrés, no ha armonizado su legislación respetando los postulados de la Declaración y tampoco ha garantizado procesos de consulta para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Insisto, el Estado Mexicano no ha cumplido con la recomendación del numeral 64 y es absolutamente necesario que Victoria Tauli-Corpus, Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (quien realiza misión diplomática en México, del 7 al 17 de noviembre en curso), insista sobre el cumplimiento de esta recomendación.
Diez días estará la Relatora en nuestro país. Han diseñado una agenda que contempla visitar a los Estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y la Ciudad de México. En la agenda del 2003 de R. Stavenhagen, incluyó Sonora, Jalisco y Oaxaca, entidades excluidas de la agenda de la Relatora. Varias voces indígenas han alertado que está sobre cargada la agenda gubernamental. En las giras al interior de la república, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas dio como prioridad de enlace para armar la agenda de la Relatora, a las Organizaciones No Gubernamentales especializados en la defensa de los derechos humanos. Inexplicablemente, la representación indígena quedó relegada y sujeta a negociación adicional de la agenda.
Un ejemplo es suficiente. Carlos de Jesús, en su calidad de Diputado Federal, durante dos años hizo diversos cabildeos parlamentarios para concretar la visita de la Relatora. El 13 de enero del 2015, el Poder Legislativo procesó el siguiente acuerdo:
“La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realicen las gestiones necesarias para concretar una visita oficial de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Lucia Tauli-Corpuz, a nuestro país”.
Hoy, Carlos de Jesús es parte de la Comisión Política de la Red Nacional Indígena (RNI), integrada por la Asociación de Autoridades Locales, Asamblea Nacional Indígena, Movimiento Indígena Nacional, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, Confederación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales de México y el Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas-Movimiento Nacional. La RNI tiene presencia e influencia en 22 estados de la República con fuerte presencia indígena. No encuentro el razonamiento ni la explicación de que a esta fuerza indígena la hayan excluido de la agenda oficial de la Relatora.
No sin grandes esfuerzos, el 10 de noviembre, la RNI se reunió con la Relatora. El primer planteamiento fue sugerirle que retome la recomendación del numeral 64 de las observaciones del 2003. Hubo múltiples aportaciones sobre la recomendación Núm. 73 y sugirieron a la Relatora, reiteré el cumplimiento de dicha resolución. Exhortaron hacer mayor énfasis al numeral 18 para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalezca su trabajo en las regiones indígenas; sobre el numeral 100, los compañeros indígenas asentados en zonas metropolitanas de la ciudad de México y otros enclaves urbanos, pidieron dar un nuevo tratamiento a esta recomendación. Los compañeros explicaron ampliamente que el Estado mexicano no ha cumplido con la recomendación Núm. 96 para que el “Gobierno federal y el estatal respeten y apoyen a las policías comunitarias” y/o ciudadanas.
La RNI insta a la Relatora se manifieste sobre la recomendación 27/2016 del 11 de julio del mismo año, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual exhorta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que a la brevedad presenten una iniciativa de ley, sobre el derecho a la consulta, bajo consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas
La RNI insta a la Relatora se manifieste sobre la recomendación 27/2016 del 11 de julio del mismo año, elaborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual exhorta al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, para que a la brevedad presenten una iniciativa de ley, sobre el derecho a la consulta, bajo consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, que contemple como mínimo los estándares de la legislación internacional.
Es crucial que la Relatora genere una recomendación al Estado mexicano sobre los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas. Históricamente, mujeres y hombres indígenas han sido excluidos de los ámbitos de decisión nacional. Es de mucha importancia impulsar la participación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en la toma decisiones políticas al más alto nivel. Exhortamos a la Relatora a generar una recomendación para que el Estado y los partidos políticos promuevan la democracia indígena en los procesos electorales y ser incluidos para participar en los puestos de elección popular.
Insto a la Relatora externar un reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por impulsar la jurisprudencia para la elección de autoridades por el derecho electoral indígena en los municipios de San Francisco Cherán, Michoacán (JDC-9167/2011), Chichiquila, Puebla (SUP-JDC-991/2013) y Ayutla de los Libres, Guerrero (SUP-REC-193/2016 y acumulados). Asimismo, exhorto a la Relatora a elaborar una recomendación para respetar estos procesos electorales e impulsar el derecho que tienen los pueblos indígenas para elegir a sus propias autoridades mediante sus instituciones representativas.
Muchas de las recomendaciones para proteger los derechos de los pueblos indígenas caen en el ámbito del poder ejecutivo y el poder judicial. Las futuras misiones diplomáticas “in situ” de la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, deben incluir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Inexplicablemente, la agenda de la Relatora no incluyó el diálogo con los representantes del Poder Legislativo. En el Senado de la República estaba programada una reunión para el 10 de noviembre que incompresiblemente no ocurrió. En la Cámara de Diputados no se corrió ninguna cortesía para recibir a la Relatora. Si no hay diálogo con la instancia que por mandato constitucional elabora las leyes y hace las reformas constitucionales, difícilmente habrá avances con el numeral 64, que es considerado como la recomendación “madre” de todas las recomendaciones que en el 2003 elaboró Rodolfo Stavenhagen.
El pueblo de México y los pueblos indígenas que somos el sustento original de la nación mexicana estaremos atentos a la presentación del Informe preliminar de la Relatora, que será expuesto el próximo viernes 17 de noviembre. Seguro estoy que la Sra. Victoria Tauli-Corpuz sabrá recoger las principales demandas y preocupaciones de nuestros pueblos, que serán transformadas en recomendaciones para que el Estado Mexicano las cumpla en un tiempo perentorio y no tener que esperar trece años más, hasta la llegada de un nuevo Relator.
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Acceda al informe de Rodolfo Stavenhagenn (2003) en el siguiente enlace:
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*Investigador titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
Victoria Tauli-Corpuz en México. Fuente de la imagen: mexico.quadratin.com.mx
