Brasil es el país donde más se mata a activistas ambientales

Según un informe de la ONG británica Global Witness, Brasil lidera el ranking con 57 asesinatos en 2017. También señala al agronegocio como el sector más peligroso para las personas que defienden los bosques, llegando a sobrepasar a la minería por primera vez

por Lilian Campelo, en Brasil de Fato

Brasil lidera el ranking de los países donde más se asesina a líderes indígenas, campesinos y comunidades tradicionales, con 57 asesinatos en 2017. La Amazonia concentra el mayor número de conflictos y muertes de activistas y defensores de la tierra y del ambiente, con 80%. Eso es lo que denuncia la ONG británica Global Witness en su tercer informe anual, que incluye información de 22 países.

El informe ¿A qué precio?, divulgado la semana pasada, señala al agronegocio como el sector más peligroso para las personas que defienden “sus bosques, ríos y casas contra sectores destructivos”, llegando a sobrepasar a la minería por primera vez.

Filipinas es el segundo país más violento, con 48 asesinatos, seguido por Colombia, con 24 casos de homicidio. Para Danicley Aguiar, de Greenpeace Brasil, con especialidad en Amazonia, la comparación con otros países refuerza que los conflictos agrarios son los centrales en Brasil y en todo el mundo.

“Hay una disputa por la tierra. Una disputa asimétrica porque desgraciadamente el Estado, sea en Brasil o en otros países, está a favor de las personas que intentan imponer un proyecto hegemónico sobre los territorios”, argumenta.

La cultura de la impunidad

La Global Witness señala que la impunidad es uno de los factores que contribuyen al incremento de la violencia y las amenazas contra activistas y defensores. Una batalla que Claudelice Santos, de 36 años, trabó para juzgar y castigar a los asesinos de su hermano, José Claudio Ribeiro, y de su cuñada, María do Espírito Santo.

La pareja ambientalista fue asesinada en 2011, en la ciudad de Nova Ipixuna, en Pará, estado de la región norte del país. Desde entonces, el cuadro de la violencia solo se agravó.

“El caso de José Claudio y de María tuvo repercusión nacional e internacional, al igual que el caso de la hermana Dorothy Stang y Chico Mendes. Por otro lado, otros activistas son asesinados todos los días en Brasil [sin repercusión]. Son [crímenes] vinculados a conflictos de tierra o a conflictos relacionados con el agua y las selvas”, analiza Claudelice.

Según el informe, el gobierno del presidente golpista Michel Temer está contribuyendo con la escalada de violencia al debilitar las leyes e instituciones destinadas a proteger esas personas. Para la especialista del Greenpeace en temas de Amazonia, si Brasil sigue siendo socio del agronegocio “la tendencia es que más líderes sean asesinados”.

También de acuerdo con el informe, hay una subnotificación del número de asesinatos, principalmente en áreas rurales, zonas de grandes dimensiones territoriales, de difícil acceso y precaria infraestructura de transporte.

Resoluciones

En el informe, la ONG hizo una serie de recomendaciones a los países. En el caso de Brasil, sugirió el combate a la causa estructural del problema y para ello recomienda el fortalecimiento presupuestario del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

También recomendó que se priorice la implementación del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos y la “federalización de casos emblemáticos de asesinatos de defensores de derechos humanos, cuyas investigaciones no han avanzado adecuadamente en el ámbito local”.

En un boletín de prensa que divulgó, el gobierno brasileño afirma que el informe de Global Witness “presenta datos equivocados, excesivos, frágiles y tiene una metodología dudosa”. Con relación al agronegocio el gobierno defiende que en este sector “(…) crímenes eventuales son localizados y no se puede generalizar las acusaciones a todos los agricultores brasileños”.

Respecto a la seguridad pública, aun según el boletín, el gobierno apoya a los estados brasileños donde hay crisis en este sector y este año el “Programa para Defensores de Derechos Humanos recibió el mayor presupuesto desde su creación, cerca de US$ 1,8 millones”.


Edición: Juca Guimarães | Traducción: Luiza Mançano

Foto: Pixabay

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