La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el lunes 17 de diciembre la “Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.
El instrumento jurídico internacional fue adoptado durante la Sesión número 73 adelantada en la ciudad de Nueva York con el sostén de 121 países, 8 votos en contra y 54 abstenciones.
La declaración contiene 28 artículos y viene siendo negociada desde hace 17 años.
Para la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, Presidenta de la sesión, la declaratoria representa un hito histórico porque “garantiza la protección de los derechos de los campesinos y de las poblaciones rurales en todos los países del mundo“.
“No olvidemos que son los campesinos y particularmente las poblaciones rurales quienes garantizan la seguridad alimentaria, aportan al desarrollo sostenible y a la protección de nuestro planeta“ remarcó Fernanda Espinosa.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dio la bienvenida a la aprobación de una nueva declaración para salvaguardar los derechos más básicos de la población rural.
“A nivel mundial, los campesinos alimentan al mundo, pero el disfrute propio de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo el su propio derecho a la alimentación”, dijo Michelle Bachelet.
“Espero que esta Declaración sirva para reforzar el compromiso de los Estados en todos los niveles para defender y proteger los derechos y la dignidad de los campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales” manifestó Bachelet.
Todos ellos “representan un papel fundamental en la preservación de nuestra cultura, medio ambiente, medios de vida y tradiciones, y no deben quedarse atrás cuando implementamos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, agregó Bachelet.
El Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) destacó que la declaración “define los derechos más importantes que deben ser reconocidos a los agricultores del mundo entero. En particular, el derecho a la tierra, al agua, a las semillas, a las formas de producción agro-ecológicas, a un medio ambiente intacto y el derecho de definir sus propios objetivos económicos y alimentarios”.
El CETIM recuerda que los pequeños agricultores, los pescadores, los pequeños productores de ganado y otras personas que trabajan en las zonas rurales juegan “un papel clave en la seguridad alimentaria mundial”.
Sin embargo, “son víctimas de múltiples discriminaciones”. En muchos países no reciben ningún apoyo y, al contrario, “a partir de la industrialización y la estandarización de la agricultura, el acceso a la tierra, al agua y a las semillas, se hace cada vez más difícil por no decir imposible”, subraya la organización suiza.
La Declaración, beneficia también a quienes se dediquen al pastoreo, la silvicultura, la caza o la recolección, así como las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas.
Y se aplicará también a los pueblos indígenas y comunidades locales que trabajan la tierra, las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas, y a las personas sin tierra que realizan tales actividades.
Sin olvidar a los trabajadores asalariados que estén empleados en plantaciones o explotaciones agrícolas y de acuicultura, incluyendo los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria y si son permanentes o temporarios.
El derecho a la salud; al ejercicio de los métodos sanitarios tradicionales; a la vivienda digna; así como a la educación, a la cultura tradicional y a la formación e información sobre el trabajo agrícola deben ser asegurados, indica la Declaración.
El documento aprobado fue redactado en octubre por la Tercera Comisión, que se ocupa de los problemas de derechos humanos, entre otros.
Acceda al texto de la Declaración:
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Fuente de la imagen: Red 21
