Por Silvia Ribeiro*, en Servindi
Los programas conocidos como REDD+ han sido usados en la década reciente como emblema de la supuesta sinergia de acciones para la conservación de bosques y el combate al cambio climático. Esto, pese a que han sido cuestionados por muchas razones, principalmente por comunidades y organizaciones de pueblos indígenas, que los han denunciado como otra forma de despojo de sus territorios.
La investigadora alemana Jutta Kill, quien ha seguido esos programas desde su concepción, revela en un artículo de este mes que, en realidad, los programas REDD+ han significado una década perdida para la conservación de los bosques y que no solo no han reducido emisiones ni deforestación, sino han favorecido el aumento del cambio climático, al permitir que países y empresas que son grandes emisores de gases de efecto invernadero arguyeran que cumplen con sus obligaciones de reducción comprando créditos de carbono de programas REDD+. Créditos que, a su vez, están basados en estimaciones altamente variables o incluso fraudulentas. (Fundación Heinrich Boell, https://tinyurl.com/ybjqqt2g)
REDD+ es una sigla que cubre actividades para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, manejo sostenible y aumento de sumideros de carbono forestal. Comenzó como forma de pagar a los grandes talamontes industriales para dejar de deforestar en un cierto porcentaje si se les compensaba por ello. Luego se agregó una compensación por manejo sostenible de bosques y el supuesto incremento de la capacidad de los bosques de actuar como sumideros de carbono para poder incluir los territorios conservados por comunidades en estos esquemas.
El artículo del Kill explica que uno de las bases fundantes de los programas REDD+ es que las empresas se harían cargo de sus costos, lo cual sería un aporte adicional a los programas públicos para conservación de bosques. Esto sucedería mediante pagos directos a programas y a través de la compra de créditos de carbono REDD+. No obstante, según el Centro Internacional de Investigación Forestal (Cifor) más de 90 por ciento de programas han sido pagados con dinero público.
Con esta base, empresas y países del Norte con alto grado de emisiones y contaminación climática aprovecharon el precio muy barato de los créditos de carbono REDD+ (cinco dólares por tonelada de carbono) para no hacer reducciones reales y continuar o aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual también es una amenaza a la salud de los bosques. Además, estos créditos pueden ser (y son) comerciados en mercados secundarios por valores superiores, lo cual da una ganancia adicional a las empresas. El dinero de los programas REDD+ sustituye de facto políticas públicas forestales que deberían ser transparentes, equitativas y controladas por las mismas comunidades, en lugar de someterlas a esquemas de fiscalización internacionales, que enajenan el manejo de sus propios territorios.
Es importante enfatizar que aunque hay consenso en la importancia de los bosques para la regulación hídrica y del clima, la medida de emisión-absorción de gases de carbono no es realmente posible, ya que los bosques son organismos vivos que respiran, son sistemas dinámicos y complejos, por lo que se trata siempre de estimaciones. Kill explica que éstas han sido en muchos casos colocadas en niveles absurdamente altos para poder luego argumentar que ha habido reducción de emisiones, que es lo que genera créditos de carbono. Adicionalmente, ha habido un desplazamiento de los programas REDD+ a las entidades regionales y estatales, y los mercados de carbono voluntarios.
Todo esto facilita que haya también contabilidad duplicada de reducción de emisiones, ya que son consideradas en la contabilidad de carbono de entidades y estados, pero también en las del comprador de créditos, sean empresas o países. El Acuerdo de París sobre cambio climático acordó establecer un sistema internacional de registro para evitar la doble contabilidad, pero no se ha podido implementar y fue uno de los puntos álgidos sobre los que no hubo acuerdo en la reciente Cop24 del convenio sobre cambio climático.
Kill explica además que los fondos del Banco Mundial para REDD+, del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPC), teóricamente son pagados por resultados de los proyectos y luego de un acuerdo de reparto de beneficios a las comunidades, pero que esto no sucede, para lo cual analiza en detalle un proyecto en Congo RDC. El banco paga a los gobiernos nacionales de todas formas, pero esto no significa que lleguen beneficios a las comunidades, que haya disminuido la deforestación ni que se redujeran las emisiones de carbono. En México, el sistema es similar, tal como explica Ana de Ita, de Ceccam (https://tinyurl.com/ybht8qv7). Kill toma también el caso de Acre, en Brasil, y muestra que la deforestación sólo se enlenteció por la baja de los precios de la soya transgénica –es uno de los principales factores de deforestación, pero que se ha acelerado a partir de 2017.
Resumiendo, los programas REDD+ no han funcionado para evitar la deforestación y el cambio climático. Los han empeorado. Sea directamente o interfiriendo negativamente en las comunidades que realmente cuidan los bosques.
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*Investigadora del Grupo ETC.
Foto: Joe Driscoll. Fuente: Cifor
