Organismos de derechos humanos expresan seria preocupación respecto a los continuos abusos que se vienen cometiendo por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en Bolivia.
Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación inmediata y exhaustiva de la violencia y posibles abusos ocurridos en Bolivia, incluyendo los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.
“Exhortamos a una investigación inmediata de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 20 de octubre del 2019 hasta la fecha” indican en un pronunciamiento.
“Además, exhortamos al gobierno boliviano interino y a las fuerzas de seguridad a cumplir su obligación de respetar las normas internacionales respecto al uso de fuerza en el contexto de protestas y manifestaciones”.
Respecto a los líderes de alto rango, tanto militares como civiles, afirma que “deben ser responsabilizados por violaciones graves de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, bajo la doctrina de responsabilidad de mando, aún sin haber ordenado directamente las violaciones”.
Nefasto Decreto Supremo 4078
Sobre el Decreto Supremo 4078, el cual fue emitido por el gobierno interino el 15 de noviembre de 2019, indican que “las medidas o políticas nacionales que intenten crear impunidad ante violaciones graves de derechos humanos(…) son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
El Decreto 4078 pretende ofrecer inmunidad a miembros de las fuerzas armadas por toda acción realizada en el curso de ‘particip[ar] en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública’.
“La rama ejecutiva no debe de determinar la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad del estado. Para prevenir fomentar un ambiente de impunidad, exhortamos al gobierno la revocatoria del mismo.” demandan las organizaciones.
Por último, recuerdan a las autoridades bolivianas las obligaciones internacionales de investigar todas las lesiones y muertes que resulten del uso de fuerza por parte de agentes del estado.
“La situación en Bolivia requiere que se realice una evaluación especializada, exhaustiva e independiente de todas las violaciones de derechos humanos documentadas” prosgue el comunicado.
Los firmantes exhortan a Bolivia a colaborar con todas las comitivas de monitoreo e investigación internacional, así como con los esfuerzos desarrollados por parte de la sociedad civil.
“Es la expectativa de los signatarios que estas iniciativas ayuden a Bolivia a encaminarse hacia la verdad, la justicia, la reparación, y la no repetición” culmina el documento.
El grupo
El pronunciamiento essuscrito por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, Andean Information Network; Latin American Working Group, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, la Washington Office on Latin America y EarthRights International.
Asimismo, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Juárez, Nelson Camilo Sánchez, el Director de la Clínica de derechos humanos internacionales de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia, y Arturo Carrillo, Director de la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de derecho de George Washington.
Evidencia fiable
El documento señala que existe evidencia fiable de que las fuerzas de seguridad del estado “han disparado armas de fuego con municiones letales en contra de manifestantes civiles en varias partes del país”.
Ello, según declaraciones de testigos oculares, grabaciones de vídeo y fotos recolectadas en Bolivia, así como grabaciones de vídeo y fotos sacadas por civiles en las áreas de Cochabamba, Sacaba, Senkata y la Zona Sur de la Paz.
En el área de Cochabamba, los manifestantes han reportado miedo de ir al hospital por temor a que el gobierno actual tome represalias en contra de quienes estuvieron en, o alrededor de, las áreas donde los militares estaban disparando a los civiles. Este miedo pudo haber agravado el subregistro de muertos y heridos.
En el área de la Zona Sur de La Paz, existe evidencia fiable de que las fuerzas de seguridad del estado, actuando en conjunto con personas civiles, han sacado a civiles de sus casas a la fuerza y les han golpeado.
Existen múltiples reportes de que las fuerzas del estado han usado lenguaje racista y anti-indígena durante sus interacciones con miembros de la población civil.
Las comunidades afectadas por la violencia militar han expresado gran preocupación por la ausencia de periodistas que documenten las acciones de los militares y sus secuelas. Varios entrevistados aseguraron que los asesinatos en sus comunidades no se han reportado completamente en los medios.
Ello es preocupante, considerando las amenazas contra periodistas que registró el Defensor del Pueblo de Bolivia, y las recientes declaraciones de la Ministra de Comunicación, amenazando con castigar a los medios que alienten la “sedición.
En un video hay evidencia de la movilización de fuerzas de seguridad del estado hacia diferentes partes del país, entre ellas La Paz (incluyendo áreas de El Alto y la Zona Sur) y Cochabamba.
Además, grupos de derechos humanos han recibido reportes de asesinatos, golpizas y heridas de bala en diferentes áreas del país como: comunidades predominantemente indígenas y aymaras en el departamento de La Paz, incluyendo la ciudad de El Alto, Río Abajo y las comunidades de Chasquipampa, Ovejuyo, Apaña, y Rosales en la Zona Sur de la ciudad de La Paz; la región de las Yungas; y el departamento de Cochabamba.
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Foto: Andean Information Network
