Nuevos ataques a la naturaleza latinoamericana por parte de gobiernos de esta región están sucediendo sin respiro. En Brasil, la bancada ruralista en el congreso promueve cambios a la ley de demarcación de tierras indígenas y cambiar la ley que prohíbe la caza de especies silvestres. En Ecuador, el estado reprime pueblos originarios para expulsarlos de sus tierras con el objetivo de establecer allí un gran emprendimiento minero. Y en Chile, los incendios forestales sirven de excusa al estado para culpar a los pueblos Mapuches y ocupar con fuerzas militares sus comunidades
Por Laura Borsellino – Servindi
Chile: Mapuches e intereses forestales
8 de febrero, 2017.- Los incendios forestales que están arrasando con grandes áreas de los bosques del centro de Chile están siendo utilizados por algunos sectores de la sociedad como argumento para criminalizar y reprimir a los pueblos Mapuches. Sin prueba alguna y utilizando medios como Twitter y Facebook, personajes como el ex-comandante en Jefe de la Armada chilena, Edmundo González, difundió a través de su cuenta un mensaje de “indignación” por los incendios.
Allí dio a entender que serían provocados intencionalmente por pueblos originarios como acto de “reivindicación”. Estas insinuaciones hechas sin respaldo alguno de pruebas certeras provocaron la inmediata respuesta de los usuarios de la red que no tardaron en exigirle que demuestre los fundamentos de la acusación, y de paso, recordarle su ausencia durante el terremoto del 2010.
Lo más grave es que la avanzada militar contra los pueblos mapuches no termina en los mensajes virtuales, sino que el Estado envía tropas del ejército a ocupar territorios donde habitan comunidades originarias y donde no se verifican focos de incendio que lo justifiquen. Hechos de este tipo fueron reportados por la Comunidad Autónoma de Temucuicui, originarios de la zona de Ercilla.
Las tropas entran con uniforme y armamento de guerra e intimidan a los pobladores, según denunció a una radio el werken (vocero), Jorge Huenchullan. El gobierno chileno se excusa en la declaración de Estado de Catástrofe para imponer el estado de excepción y permitir el ingreso de las fuerzas militares para “colaborar” en las regiones del Maule, Biobió y la Araucanía, a causa de los incendios forestales registrados en estas áreas.
Ecuador: El pueblo shuar contra megaminería
En Ecuador las cosas no están para nada mejor. El país que en su Constitución Nacional reconoce “derechos a la naturaleza”, ahora parece estar más decidido a desconocerlos. En agosto del año pasado, las fuerzas represivas del Estado desalojaron de manera violenta a los pobladores de la comunidad Nankints, ubicada en la zona sur de la cordillera del Cóndor, para dar lugar a la construcción del campamento de la minera china ExplorCobres (EXSA).
El pasado 21 de noviembre de 2016, disparando perdigonazos al aire, miembros de la comunidad Shuar ocuparon las instalaciones de la empresa. Al día siguiente, el Gobierno respondió militarizando el área y los desalojó. Como informó SERVINDI, la consecuencia de este atropello sobre el pueblo indígena fue de varios detenidos y la muerte -en circunstancias poco claras- de un policía.
Por lo pronto, lo único que ha dejado este emprendimiento minero en Ecuador es una polarización social que terminó enfrentando al Estado ecuatoriano con el pueblo Shuar, al que criminaliza y responsabiliza por la muerte del policía. En este punto, desde el gobierno también se intentó denunciar que los indígenas conforman “grupo para-militares y semi-delincuentes”.
Asimismo, el Ministerio del Interior de Ecuador, en sintonía con la corporación ExplorCobres, solicitó la disolución de la reconocida organización “Acción Ecologista” por apoyar la lucha de los Shuar contra la megaminería. Sin embargo, a partir de la gran presión internacional realizada la ONG, el Ministerio de Ambiente terminó desestimando la medida. Por el momento el proyecto minero se encuentra suspendido pero el Gobierno demuestra voluntad de seguir adelante con el emprendimiento.
Brasil: El agronegocio sobre tierras indígenas
En Brasil, el gobierno golpista de Michel Temer no pierde un segundo para saciar su codicia sobre la naturaleza. Mediante el Ministerio de Justicia, pretende cambiar la demarcación de tierras indígenas, transfiriendo la responsabilidad de las normas para efectuar la delimitación del FUNAI (Fundación Nacional del Indio) hacia el Congreso, donde los grupos parlamentarios ligados a los intereses empresariales agropecuarios son muy fuertes.
Diversas organizaciones ligadas a los derechos humanos, pueblos indígenas y educadores de Brasil repudiaron esta lamentable decisión del gobierno. Denunciaron la ausencia de diálogo con el Consejo nacional de Política Indigenista y el no cumplimiento del derecho a consulta libre, previa e informada como retrocesos flagrantes a la legislación de Demarcación de tierras indígenas, lo que sin dudas contribuirá a la ampliación y perpetuación de los ya muchos conflictos territoriales que existen en la región.
Caza de especies silvestres en Brasil
Otra Ley que se encuentra en peligro de ser cambiada es la que regula la caza de especies silvestres en Brasil. Prohibida desde 1967, la caza de animales silvestres nunca dejó de existir en la región y es uno de los principales factores que ponen en riesgo a las poblaciones de animales nativos amenazados. Pero el diputado Valdir Colatto (PMDB-SC), miembro de la bancada ruralista, a través de la cámara de diputados, tramita un proyecto que prevee la regulación del manejo, control y ejercicio de la cacería en el país. Conocido como “Projeto de Lei 6268/16”, revocaría la ley de protección de fauna 5.197/67, que prohíbe el ejercicio de caza profesional.
El argumento más fuerte a favor de la nueva ley es que se hace necesario regular a las poblaciones de animales exóticos, principalmente el jabalí, que fue introducido desde Europa a América Latina y está causando serios problemas a nivel ambiental. Sin embargo, Ambientalistas y grupos organizados en defensa de los animales se han expresado en contra de esta propuesta y ya están juntandofirmas online para impedir que la ley sea sancionada, Estas organizaciones entienden que fomentar que la población practique la caza de animales silvestres es una medida arriesgada e inmoral, que va contra los esfuerzos que se realizan para promover el bienestar animal y permitirá que se legalicen otras atrocidades que ellos vienen denunciando hace mucho tiempo, como la cría y utilización de perros para la caza de jabalíes que terminan heridos y abandonados, o la caza de animales protegidos que no podrá ser controlada.
Además, también se advierte que de sancionarse la nueva ley, se retiraría el agravamiento de la pena a quien persigue, caza, utiliza o lastima animales sin licencia durante cacerías profesionales, previstas en la Ley de Crímenes Ambientales (9.605/98). Las comunidades originarias del Amazonas subsisten de la caza de animales silvestres y por ende, fomentar la cacería profesional de estos animales causará más competencia por los mismos recursos, que ya se encuentran diezmados a causa de la caza ilegal, el desmonte y la contaminación.
