Un tribunal de Guatemala impuso este viernes penas que suman 360 años de cárcel a dos exmiembros del ejército por crímenes de lesa humanidad contra un grupo de mujeres indígenas.
Por BBC Mundo
Se trata de la primera sentencia por violencia sexual durante el conflicto armado en el país centroamericano, por lo que la sentencia se recibió con júbilo.
“Esto es histórico, es un gran paso para las mujeres y, sobre todo, para las víctimas”, dijo Rigoberta Menchu, ganadora del Premio Nobel de la Paz y presente en el tribunal.
Los acusados son Francisco Reyes Girón, oficial retirado, y Heriberto Valdez Asij, un paramilitar al servicio del ejército.
A Reyes lo encontraron culpable de mantener en condición de escalvitud doméstica y sexual a 15 mujeres y de matar a una mujer y a sus dos hijas. Fue condenado a 120 años de prisión.
Valdez Asij fue condenado por los mismo cargos de esclavitud así como por la desaparición forzosa de siete hombres.
“Disponibles”
El tribunal escuchó el desgarrador relato sobre las actividades en la base militar Sepur Zarco en el este de Guatemala durante los años 80, por lo que fue condenado a 240 años de cárcel.
Según la fiscalía, en 1982 fuerzas armadas atacaron repetidamente la villa de Sepur Zarco y mataron y raptaron a líderes de la tribu maya q’eqchi, que reclamaban sus tierras y habían por ello hecho enfurecer a los propietarios.
Los indígenes fueron acusados de estar asociados con la guerrilla de izquierdas.
En un informe al tribunal, la antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj indicó que los puestos militares “fueron instalados en la región para dar seguridad a los dueños de las estancias y tomar posesión de las tierras”.
Agustín Chen, uno de los hombres que sobrevivió, dijo que los soldados lo metieron en una celda y lo golpeaban todos los días. Otros compañeros no corrieron la misma suerte y fueron asesinados.
Según los testimonios presentados ante los jueces, los comandantes militares consideraron que las mujeres quedaban “disponibles” para ser abusadas sexualmente y convertidas en esclavas.
Las mujeres eran obligadas a presentarse cada tres días para hacer “turnos” en la base, durante los cuales eran violadas y forzadas a cocinar y a limpiar.
Para algunas de las víctimas, este martirio se extendió hasta por seis años. La base fue finalmente cerrada en 1988.
“Sé que no estoy sola y quisiera descubrir mi rostro cuando sé que hay gente en todo el mundo que me apoya. En este momento estamos al final de este camino y estoy contenta de que logremos más justicia en Guatemala”, dijo una de las víctimas que pasó todas las audiencias con su rostro cubierto.
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Enviada para Combate Racismo Ambiental por Isabel Carmi Trajber.
