La Defensoría del Pueblo de Perú, acompañada por su par de Ecuador, presentó el libro “Estándares Regionales de actuación defensorial en procesos de consulta previa de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.
A partir de la normativa internacional, el documento plantea criterios y pautas que guiarán la labor de las defensorías del pueblo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en la supervisión de estos procesos, a partir de la identificación de garantías mínimas que deben ser observadas durante la implementación del derecho a la consulta previa.
Los alcances contemplados en la publicación es el resultado del esfuerzo y trabajo conjunto para fortalecer la correcta implementación del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas, el cual además recoge aportes de instituciones invitadas de Argentina, Brasil y Guatemala.
La elaboración del documento contó con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Cooperación Alemana – GIZ.
Para las defensorías del pueblo participantes del proyecto la adecuada implementación del derecho a la consulta previa no solo representa un necesario esfuerzo del Estado para cumplir con sus obligaciones hacia los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
También es una oportunidad de diálogo con un sector vulnerable de nuestras sociedades y por ende una herramienta que permite prevenir conflictos sociales.
A través del instrumento presentado, las defensorías del pueblo pretenden fortalecer su trabajo institucional a favor de los pueblos indígenas de la región, ratificando su compromiso con la promoción y defensa de la consulta previa.
Tiene por finalidad la participación de dichos colectivos en los procesos de toma de decisiones —a través de un diálogo intercultural—, buscando llegan a acuerdos para una mejor protección de sus derechos a la tierra, a los recursos naturales, a su identidad cultural, entre otros.
En el caso del Perú, los 36 procesos de consulta implementados hasta la fecha dan fe de los beneficios de su implementación. De estos, 23 procesos corresponden a proyectos vinculados a actividades extractivas en hidrocarburos y minería, cuya implementación no ha sido un obstáculo para las inversiones en estos sectores.
Sin embargo, aún quedan grandes retos como la implementación de la consulta previa en medidas legislativas por parte del Congreso de la República, mejorar la calidad de los procesos de consulta en general y el adecuado y oportuno cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las consultas.
La protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas requiere de iniciativas como este proyecto, que fortalecen el trabajo de las defensorías del pueblo y que permitan acercar a instituciones que cumplen la noble tarea de defender los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad.
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