Por Antonio Peña Jumpa*, en Servindi
Los días 4 y 5 de setiembre de 2019, se realizó en Iquique, al norte de Chile, el “VI Congreso Internacional de Derecho Indígena”, organizado por la Universidad de Tarapacá y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile (Conadi).
Fue un evento muy concurrido, con un auditorio mayoritariamente andino, en especial Aymara, cuya experiencia puede conducirnos a reflexionar sobre el presente y futuro de los pueblos originarios de América.
El evento resaltó como “cuestión indígena” los conflictos socio-ambientales o socio-culturales. En Chile, como en el Perú, existen cientos de estos conflictos que confrontan los derechos de las comunidades o pueblos originarios con los intereses de los gobernantes del Estado y de las empresas nacionales o transnacionales capitalistas.
Son conflictos sin resolución o con resoluciones parciales que tienen como cuestión la explotación de los recursos naturales que se encuentran en territorio de las comunidades o pueblos originarios.
Se presentaron interesantes ponencias de docentes universitarios buscando explicar en tiempos actuales esa “cuestión indígena”: el derecho internacional de los derechos humanos focalizado en el derecho indígena, el análisis de la eficacia de los tribunales ambientales focalizado en los reclamos indígenas, y temas específicos como el genocidio cultural, los derechos al territorio, la jurisprudencia ambiental, la biodiversidad originaria, la justicia comunal, la consulta previa frente a decisiones técnicas, entre otros.
Al evento también se sumaron ponencias de líderes de comunidades o pueblos originarios participantes. Estos líderes destacaron temas relacionados al valor de sus comunidades, incluyendo su cosmovisión y filosofía, y temas sobre sus conflictos. Entre estos últimos se presentó el conflicto de una comunidad con una gran empresa minera por el uso del suelo y la contaminación de actividades agrícolas, y el conflicto de una histórica comunidad con una empresa embotelladora por el uso del agua.
En realidad, se tratan de temas comunes no solo para Chile y el Perú, sino para cada país que cuenta con una población pre-colonial u originaria. La “cuestión indígena” del siglo XXI pone en debate en cada uno de estos países los pedidos de respeto de derechos ancestrales y colectivos de su población originaria sobre los recursos naturales, frente a los intereses económicos de empresarios nacionales y transnacionales sobre los mismos recursos naturales. ¿Hay alguna perspectiva de solución?
Las comunidades o pueblos originarios tienen muchas quejas concretas: la insensibilidad de la burocracia estatal que accede fácilmente a los pedidos de los empresarios, los engaños en el uso de las leyes que encubren sus derechos, la falta de recursos para participar en condiciones de igualdad en los procesos de consulta previa, la arbitrariedad de la autoridad estatal cuando define la consulta previa a falta de acuerdo, y la incomprensión sobre sus necesidades por parte de las autoridades del Estado y los altos funcionarios de las empresas privadas. Estos reclamos reflejan que las comunidades o pueblos originarios siguen siendo los más vulnerables en el actual contexto global (que promociona una economía liberal con consumo masivo). La segregación étnica y segregación socio-económica reaparecen como un efecto directo y una tarea urgente.
En estas circunstancias, una solución que brota tras el encuentro de docentes y líderes en eventos como el de Iquique es la consolidación y unidad de las comunidades o pueblos originarios.
La consolidación de estas comunidades o pueblos supone mostrar, a los otros, el valor de su cosmovisión, justicia, economía, cultura y organización comunal. Es este carácter transversal de lo comunal que ha hecho posible la preservación de la biodiversidad del planeta, sin un aporte estatal o privado, lo que aún no comprendemos.
Es este carácter transversal de lo comunal que ha hecho posible la preservación de la biodiversidad del planeta, sin un aporte estatal o privado, lo que aún no comprendemos.
La unidad, a su vez, supone intentar la unificación de las comunidades o pueblos originarios del mundo o, al menos, en América. Sus demandas y frustraciones son las mismas en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá; lo que hace indispensable una unificación de gremios o reivindicaciones comunes.
Con esta consolidación y unidad de las comunidades y pueblos originarios se puede conducir en corto tiempo a resultados de bienestar. La Organización de Naciones Unidas y los organismos internacionales reconocerían plenamente los derechos de las comunidades o pueblos originarios e inducirían a los Estados y entidades privadas a que hagan lo mismo.
Las normas internacionales o nacionales aprobadas se cumplirían, sumándose así la creación de organismos mundiales y estatales dirigidos por las propias comunidades o pueblos originarios.
*Antonio Peña Juma es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Abogado, Magister en CCSS y PhD. in Laws.
