En defensa de las universidades públicas de Costa Rica

A la comunidad universitaria de la Sede de Occidente, la Universidad de Costa Rica y demás Universidades Públicas de Costa Rica

A la sociedad costarricense en general

Pronunciamiento de un grupo de docentes de la Sección de Historia y Geografía de la Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica, en relación con la coyuntura política nacional y universitaria

  • El pueblo costarricense está viviendo momentos difíciles. Luego de tres décadas de implementación de políticas neoliberales, Costa Rica se encuentra actualmente dentro de los diez países con mayor desigualdad social y concentración de la riqueza en el mundo. 
  • Es posible percibir, sobre todo a partir de 2018, una profundización del proyecto neoliberal en Costa Rica, cuya más clara manifestación fue la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 20.580, mediante la cual se materializó una reforma fiscal con notable orientación regresiva. De hecho, como parte de esta reforma, se abre la posibilidad de aplicar la Regla Fiscal, la cual autoriza el recorte del presupuesto de instituciones públicas. La mencionada ley fue impuesta desde el Gobierno de manera autoritaria y vertical, desconsiderando la amplia oposición popular en contra de la misma.
  • Además de la reforma fiscal, se han venido impulsando otras iniciativas que amenazan con lesionar derechos fundamentales del pueblo costarricense, como por ejemplo los proyectos de ley No.21.049 y 21.097, los cuales buscan prohibir el ejercicio de las huelgas en el sector público y amenazan con la disolución de sindicatos.   
  • Tanto la reforma fiscal, como los proyectos de ley “anti-huelgas”, entre otras iniciativas, más allá de simples reformas jurídico-legales, representan un intento por imponer un nuevo “pacto” social en favor de los intereses de oligarquías político-económicas, nacionales y transnacionales. Este proyecto implica un estrangulamiento del Estado Social de Derecho y del ejercicio de los derechos fundamentales de la sociedad costarricense, dicho sea de paso, derechos arduamente conquistados en épocas pasadas a través de luchas sociales.
  • En este contexto, se viene gestando un grave ataque en contra de las universidades públicas costarricenses, cuyo papel en la sociedad costarricense es y ha sido fundamental. Para legitimar estos ataques, se ha dado a través de los principales medios de comunicación nacionales una campaña sistemática y fraudulenta para desprestigiar estas instituciones en la opinión pública.
  • El más grave y amenazante de estos ataques es el “redireccionamiento” de 70 mil millones de colones en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2020, el cual fue presentado por el Ministerio de Hacienda a Asamblea Legislativa como parte del presupuesto nacional para el próximo año.
  • Este “redireccionamiento” implica que 70 mil millones de colones del FEES fueron clasificados como “gastos de capital”, es decir, como aquellos gastos que se realizan una única ocasión y que no son permanentes, como por ejemplo, construcción de infraestructura. En la práctica, significa que estos recursos no pueden ser utilizados para “gastos corrientes”, tales como becas estudiantiles, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social, todas ellas actividades fundamentales del quehacer universitario.
  • Más que un “redireccionamiento” del presupuesto, estamos frente a un flagrante atropello del principio de la Autonomía Universitaria, reconocido en la Constitución Política de Costa Rica en sus Artículos 84 y 85. Como parte de la autonomía que le reconoce la Constitución, las universidades públicas gozan de total independencia y criterio propio para definir en qué rubros o actividades destinan sus recursos.
  • Vale mencionar, como antecedente, que ya la Asamblea Legislativa había hecho un recorte de 10 mil millones de colones al presupuesto de las universidades públicas para el año 2019, el cual implicó medidas de contención del gasto a lo interno de estas instituciones, con impactos sensibles sobre el quehacer universitario. Si bien la Universidad de Costa Rica presentó una Acción de Inconstitucionalidad sobre este hecho, mientras no haya una resolución al respecto, la institución se ve imposibilitada hacer uso de dichos recursos.
  • A raíz de este ataque en contra de las universidades públicas, se puso en marcha una fuerte movilización estudiantil, la cual inició desde mediados del mes de octubre y se mantiene, con altos y bajos, hasta la fecha. A lo largo de este proceso, las y los estudiantes universitarios han protagonizado diversas acciones de lucha organizada, entre ellas, la toma de edificios en diferentes sedes y recintos, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional.
  • Asimismo, el día 22 de octubre se realizó una masiva marcha en San José, con amplia participación de la comunidad universitaria, proveniente de diferentes regiones del país. Ese día se reunieron, en Casa Presidencial, miembros del Gobierno con los rectores de las universidades públicas y representantes de las federaciones estudiantiles, con el fin de re-negociar los términos del FEES para el año 2020. Los resultados de dicha negociación quedaron reunidos en un acuerdo, publicado ese mismo día, en el cual el Gobierno reconoce la potestad de las universidades públicas de utilizar sus recursos según el principio de la Autonomía Universitaria.
  • No obstante, consideramos que este acuerdo es insuficiente y engañoso, en primer lugar, porque no es legalmente vinculante; a lo sumo, es una muestra de “buenas intenciones” por parte del Gobierno, del cual hay razones de sobra para desconfiar. Además, para poder hacer realidad los términos del acuerdo, se está en función de terceros, es decir, de actores que no estuvieron presentes en la negociación, específicamente la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, cuyo accionar reciente ha demostrado un alto grado de hostilidad en contra de las universidades públicas.
  • Frente a este escenario, complejo y lleno de riesgos, consideramos fundamental mantener abiertos los canales de diálogo y reflexión, tanto a lo interno de la universidad, como con otros sectores sociales. El conflicto se encuentra abierto e indefinido, motivo por el cual debemos mantenernos informados(as), politizados(as) y movilizados(as) como miembros de la comunidad universitaria, en defensa de nuestros derechos.
  • En relación con la situación específica de la Sede de Occidente y la toma de edificios por parte de la Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente -AGASO-, manifestamos la urgente necesidad de establecer canales de diálogo y negociación entre las diferentes partes (movimiento estudiantil, cuerpo docente-administrativo y Dirección), con el fin de encontrar una resolución lo más rápido posible.
  • Somos conscientes que la comunidad universitaria es heterogénea y que existen diferentes visiones y posicionamientos dentro de ella, así como diferentes formas de praxis política. Asimismo, reconocemos que a lo interno de nuestra institución también se reproducen desigualdades e injusticias, tanto en términos del régimen salarial (funcionarios propietarios e interinos), como en términos de la asimetría entre la Sede Rodrigo Facio y las Sedes Regionales, entre otros. Mucho se puede hacer, a lo interno de la universidad, para distribuir el presupuesto de manera más equitativa y sensata.  
  • No obstante, más allá de las diferencias que existen dentro de la propia universidad, consideramos fundamental, en este momento en específico, no perder de vista quiénes son los verdaderos enemigos: los sectores de poder político-económico que pretenden debilitar y privatizar la educación superior, tendencia que se puede observar en toda América Latina. Esta unión es necesaria para tener mayor claridad política de hacia dónde direccionar nuestros esfuerzos y nuestra lucha.
  • Urge salir de la universidad e ir a las calles, así como  incidir en los medios de comunicación y en la opinión pública, para presionar en aquellas instancias que finalmente decidirán sobre el destino de todos(as) nosotros(as). A más tardar el 30 de noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa decidirá el presupuesto nacional para 2020, lo cual significa que durante el mes de noviembre debemos hacer todo lo posible por defender el presupuesto y la autonomía universitaria en este espacio.
  • Invitamos a la comunidad universitaria en general, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades, a luchar activamente en defensa de la educación superior pública. De ello depende nuestra propia sobrevivencia.

 FIN DEL PRONUNCIAMIENTO

Firman:

María de los Ángeles Acuña León

Miguel Ángel Herrera Cuarezma

Lissy Villalobos Cubero

Eduardo González Ayala

Jorge Marchena Sanabria

Alberto Gutiérrez Arguedas

José Mora Calderón

Alexia Ugalde Quesada

Enviada para Combate Racismo Ambiental por Alberto Gutiérrez

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