El experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Baskut Tuncak, advirtió que el gobierno de Brasil no está cumpliendo con su obligación constitucional de proteger los derechos humanos de la ciudadanía contra la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos.
Según Tuncak —quién permaneció en el país sudamericano durante dos semanas— Brasil se encuentra sumergido en un camino ambiental trágico a raíz de las decisiones en política ambiental adoptadas por el gobierno de Jair Bolsonaro.
«[Brasil] está eliminando ministerios cruciales, restringiendo la financiación para funciones esenciales, acabando con programas claves, reduciendo el espacio cívico y no aplicando las leyes y decisiones judiciales existentes para proteger a la población», señaló Tuncak.
El experto que llegó a Brasil como Relator Especial sobre las implicaciones de derechos humanos de sustancias tóxicas, ilustró la situación con el caso de dos represas que colapsaron en el 2015 y 2019, acabando con la vida de cientos de personas y dejando afectadas a más de tres millones.
«El primero fue operado por una empresa conjunta de Vale y BHP Billiton: su colapso mató a 18 personas e impactó la vida de más de tres millones, incluidas las comunidades indígenas y tradicionales; el segundo, que involucra a una de las mismas compañías, Vale, mató a casi 300 personas», indicó el experto.
Además de identificar un fuerte aumento en la deforestación y la cantidad de incendios en la Amazonía y la sabana brasileñas, el relator especial aseguró que Brasil continúa permitiendo el uso de docenas de pesticidas altamente peligrosos, prohibidos por otros países.
En ese sentido, Tuncak cuestionó que Brasil no haya reaccionado con firmeza ante estas amenazas ambientales. «Uno esperaría ver al país promulgar los más estrictos controles ambientales y laborales para sustancias y desechos peligrosos», agregó.
Del mismo modo, el experto de la ONU lamentó que Brasil haya adoptado medidas como la eliminación de ministerios e instituciones que se encargaban de la protección de la persona y del medio ambiente; y que, por el contrario, ahora criminalice y ataque a las personas que luchan en defensa de sus derechos a la vida.
Para Tuncak, otro de los canales de colaboración que se han visto desmantelados ha sido el del financiamiento a funciones de protección ambiental, una situación que, por citar un ejemplo, podría afectar a la comunidad de Piquiá de Baixo.
En esta zona que durante décadas fue contaminada por empresas y donde recientemente se logró avances en reubicaciones para que sus pobladores vivan con dignidad; el recorte presupuestal del gobierno los estaría dejando al borde del riesgo de continuar siendo vulnerados por entidades como Vale, Viena Siderúrgica y Gusa Nordeste.
Si bien el Relator Especial informó que presentará sus conclusiones en septiembre del 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que urge un cambio radical en la relación entre el Gobierno y la sociedad civil a fin de mejorar esta grave situación.
“Las acciones e inacciones del Gobierno han desatado una ola catastrófica de pesticidas tóxicos, deforestación y minería que envenenarán a las generaciones a menos que se tomen medidas rápidas para poner a Brasil en el camino hacia el desarrollo sostenible”, manifestó.
–
Foto: AFP
