Por oponerse a los efectos destructivos del sector minero, 43 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas a nivel mundial durante el 2018, según la organización Global Witness.
Además de la minería, según el informe ¿Enemigos del Estado?, los otros sectores letales que destacan son la agroindustria (21), la protección de las fuentes de agua y las represas (17) y la explotación forestal (13).
Asimismo, Global Witness registró que 164 defensores fueron asesinados en el 2018, cifra que alcanza un promedio de más de tres asesinatos por semana. Gran parte de ellos fueron atacados o encarcelados.
El estudio también precisa que el número de defensores asesinados puede ser mayor, porque a menudo no se registran los casos y rara vez se investigan por ocurrir en zonas alejadas.
Los más mortales: Filipinas y Latinoamérica
El listado es encabezado por Filipinas con treinta muertes, de los cuales quince estuvieron vinculadas con la agroindustria. En este grupo destaca el caso de la masacre en la isla filipina de Negros.
Este hecho ocurrió el 20 de octubre de 2018 cuando hombres armados mataron a tiros a nueve productores de caña de azúcar. Las víctimas ocupaban un terreno que es epicentro de un conflicto agrario regional.
Global Witness asegura que esta ola de asesinatos afectó principalmente a los pueblos indígenas de Filipinas, quienes luchan contra la apropiación de sus tierras y sus recursos naturales.
Ellos resisten ataques, estigmatización, desplazamiento forzado, criminalización y amenazas, según indicó Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, en el informe.
Este escenario, de acuerdo con la relatora, es fomentado por el acelerado aumento de proyectos comerciales, que solo benefician a inversionistas extranjeros.
En parte porque los promotores de estos proyectos muestran “poco o ningún respeto por los derechos de las comunidades indígenas locales y la protección del medioambiente”.
Con respecto a las regiones, América Latina se convierte en la más peligrosa para trabajar en la protección de los recursos ambientales, debido a que registró más de 80 asesinatos. Estas muertes ocurrieron en Colombia, Brasil, Guatemala y México.
En el caso guatemalteco, los asesinatos se incrementaron al pasar de tres en 2017 a 16 en 2018, una situación que, según un cálculo per capita, convierte al país centroamericano en “el más peligroso del periodo analizado”.
Los pueblos indígenas, los más perjudicados
De otro lado, ¿Enemigos del Estado? señala a las pueblos indígenas como los más afectados por la violencia ejercida contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente.
Ellos están siendo “criminalizados por los gobiernos y las empresas con las que éstos se confabulan para silenciar a quienes amenazan sus intereses”.
La criminalización de las personas indígenas tiende a incluir, al menos, uno de los cinco elementos: campañas de desprestigio, cargos criminales, órdenes de captura, procesos con irregularidades y criminalización masiva.
La lucha contra el fracking en peligro
El documento de la GW también resaltó con preocupación el caso de Simon “Roscoe” Blevins, Richard Roberts y Rich Loizou, ciudadanos británicos que protestaron contra el uso del fracking de la empresa de energía Cuadrilla.
Los “Tres del fracking” fueron sentenciados a 15 y 16 meses de prisión, siendo liberados en octubre de 2018 por un Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña.
Este hecho ha levantado serias preocupaciones por posibles conflictos de intereses. Por ejemplo, Robert Altham, el juez que condenó a los manifestantes, tiene vínculos con la industria del petróleo y del gas.
Su empresa familiar, JC Altham and Sons, es una compañía que es parte de la cadena de suministro de Centrica, una multinacional que invierte en el fracking, conforme a lo reportado por The Guardian.
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Foto: Reuters
