En Guatemala, Bolivia, Brasil y Ecuador los pueblos indígenas lideran la lucha contra los proyectos de extracción promovidos por compañía transnacionales. En los últimos días dos sentencias favorables para los pueblos originarios han logrado parar proyectos en territorio ecuatoriano y guatemalteco. Sin embargo, las políticas y la retórica del presidente brasileño Jair Bolsonaro siguen siendo un problema para las comunidades nativas de este país.
Por José Díaz, en Servindi
La lucha por la protección del medio ambiente y en contra de la expansión de las actividades extractivas ha ido involucrando cada vez más actores durante los últimos años. En América Latina en particular, las comunidades indígenas se han convertido en piezas claves para la resistencia contra estos proyectos.
De hecho, en países como Guatemala, Bolivia, Brasil y Ecuador los pueblos indígenas encabezan las listas de demandas por el respeto a los territorios y los derechos de consulta frente a proyectos de extracción. Aunque la mayoría de estas disputas son entre pueblos originarios y compañías multinacionales, también hay casos de enfrentamientos con gobiernos nacionales y locales.
La semana pasada, en el marco del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas de la ONU celebrado en Nueva York, se dieron a conocer dos sentencias de juicios ganados pueblos indígenas en América Latina. Puntualmente, se trataba de dos proyectos mineros en Guatemala y Ecuador.
“Para nosotros la suspensión del proyecto minero El Escobal en Guatemala es un precedente importante”, declaró Quelvin Jiménez, abogado representante del pueblo guatemalteco de Xinka, donde la compañía canadiense Pan American Silver pretendía operar una mina de plata. Este proyecto además de iniciar su exploración sin consulta previa, afectaba directamente a cinco comunidades originarias en el sur del país centroamericano.
La mayor amenaza
Sin embargo, desde el inicio de la administración de Jair Bolsonaro, Brasil se ha convertido en el estado-nación más amenazante para con los pueblos indígenas de Sudamérica. El presidente brasileño ha autorizado actividades económicas en territorios que tendrían impacto en más de 300 grupos étnicos diferentes.
“Los pueblos indígenas viven el momento más grave desde la redemocratización del país (con el fin de la dictadura militar, en 1985). El gobierno del presidente Jair Bolsonaro está destruyendo la política indigenista, desmontando los órganos de protección al bosque y a los territorios indígenas”, declaró hace unos días para la agencia Efe la cofundadora de la Agencia Amazonia Real, Elaize Farias.
Según han denunciado diversas organizaciones civiles, más allá de las medidas legales que intenta aplicar Jair Bolsonaro, las mismas que se luchan en el terreno legal, la retórica del presidente brasileño ha incentivado a otras personas a invadir y afectar el territorio indígena. Esto ha generado un clima de conflictividad social que ha obligado a los pueblos nativos de Brasil a hacerse cargo de su propia defensa.
