En el momento particular, donde por primera vez en la historia todos somos iguales a contagiarnos con el COVID-19, surge el desafío de enfrentar al mismo en igualdad de condiciones, con una perspectiva de derechos.
Por Elisa Canqui*, en Servindi
El impacto del COVID-19 está obligando a los países en América Latina a implementar urgentes medidas económicas y sanitarias, desnudando los precarios sistemas de salud existentes y la ausencia de medidas apropiadas para pueblos indígenas.
Alrededor de 28 millones de hombres y 26 millones de mujeres indígenas viene en América Latina y el Caribe, de los cuales, a diferencia de otras regiones más pobladas del mundo, más de la mitad de estas personas, 52,2%, viven en zonas urbanas (1); y el restante 47,8% en el área rural.
Ambos grupos urbano/rural se encuentran en un alto riesgo de no poder hacer frente al COVID-19 y las condiciones de desigualdad económica en la que viven incrementan los riesgos. CEPAL en el informe anual 2019 “Panorama Social de América Latina” enfatiza de manera puntual que la pobreza de los pueblos indígenas es 26% mayor que las personas no indígenas.
A nivel urbano los empleos precarios, inestabilidad laboral, bajos salarios, comercio informal, falta de protección social, desnutrición sumado a los deficientes servicios de salud, la poca información acerca de la pandemia, la cultura discriminatoria de los sistemas de salud y el uso de salud tradicional son factores comunes que incrementan los riesgos
A nivel rural, el COVID-19 puede agravar la situación actual de los indígenas donde las enfermedades prevalentes vinculadas a la pobreza como el alto porcentaje de mortalidad materna e infantil, anemia, desnutrición, enfermedades infecciosas como la malaria, tuberculosis y dengue que no fueron atendidas oportunamente, resultado de los problemas estructurales de injusticia social.
Otros factores son (i) las distancias considerables para acceder a una posta sanitaria que no tienen los requerimientos mínimos para atención de la pandemia, (ii) defensores indígenas de derechos humanos que continúan siendo asesinados, (iv) terceros invadiendo los territorios y, (v) la presencia de actividades ilegales como la minería, presencia de madereros y del narcotráfico, entre otros.
Las respuestas económicas no benefician a los pueblos indígenas
No cabe duda de que los países están tomando medidas económicas frente a la situación del COVID-19, pero existe una preocupación si los pueblos indígenas se beneficiaran de los mismos. Los últimos días, desde las organizaciones indígenas tanto regionales, nacionales como locales han elevado la preocupación frente a la pandemia y la forma en que los gobiernos están respondiendo.
Estas preocupaciones son fundamentadas porque tradicionalmente las políticas públicas y de desarrollo no han logrado responder las demandas de los pueblos indígenas, y muchos de ellos se han quedado en buenas intenciones porque han ignorado las particularidades de los pueblos indígenas.
tradicionalmente las políticas públicas y de desarrollo no han logrado responder las demandas de los pueblos indígenas, y muchos de ellos se han quedado en buenas intenciones
Desde 1996, cuando se inician los primeros programas de transferencias condicionadas (PTC), lo étnico siempre fue una debilidad, y no se ha podido resolver las críticas por su escasa adecuación a los contextos locales y características de la población (2).
Aunque existen casos como Colombia, Brasil, México y Panamá que han hecho avances en el diseño e implementación de PTC adecuados, desde un enfoque étnico, a los requerimientos de quienes son indígenas y que viven en situación de pobreza. Otros, como Argentina, Bolivia, El Salvador y Guatemala, se han propuesto hacer adecuaciones en el mismo sentido, aunque sin mucho éxito (3).
Cómo hacer visible lo invisible para determinar a nivel territorial y en áreas periurbanas la población indígena. Corregir la invisibilidad no solamente a través de una data actualizada en los países, sino porque muchos son invisibles para el sistema porque carecen de un documento de identidad, principalmente mujeres y personas de la tercera edad.
Los mecanismos de distribución, mismo que no son apropiados y que no permiten llegar donde realmente se requiere. El mecanismo tradicional a través de los sistemas financieros funciona de alguna manera cuando de por medio no está una pandemia, pero en este ese escenario los invisibles no podrán acceder.
Otro factor son las distancias, limitación que no ha podido ser resuelta plenamente, aunque existen experiencias particulares donde las escuelas, los profesores, las organizaciones indígenas y/o la combinación de ambas han logrado romper estas barreras de acceso.
Pero es posible también ir por los espacios institucionales, pero solo un control social fuerte acompañado por las organizaciones indígenas o formas propias de organización que pueden permitir que el apoyo no se quede en un bolsillo en particular por los antecedentes de corrupción que han particularizado ciertos gobiernos en la región.
Estos programas no han logrado resolver los mismos desafíos que ahora se presenta, y que tampoco serán resueltos, dejando a esta población nuevamente fuera de estas medidas, mismas que podrían al menos ajustarse a través de un dialogo inmediato, responsable y de buena fe con las organizaciones indígenas.
Medidas de prevención: “quédate en la comunidad”
La desinformación es un enemigo común al que se enfrentan los pueblos indígenas a nivel territorial. Las barreras como el lenguaje comunicacional, el idioma y el acceso a los medios de comunicación del mundo globalizado continúan invisibilizándolos y focalizando esta información a contextos urbanos.
Aquellos pueblos que lograron acceder a información gracias al vinculo urbano/rural como los Kuna en Panamá, los Nasa en Colombia tempranamente han cerrado sus territorios, organizando sus formas propias de control territorial y ejerciendo su autonomía y la libre autoderminación como pueblos indígenas.
Pero algunos pueblos indígenas no tienen esa alternativa y tampoco las autoridades nacionales y regionales dentro de los países han implementado acciones que permitan cerrar estas puertas; principalmente, aquellos pueblos indígenas en Centroamérica que el acceso a tierra los coloca ante un peligro inmediato eminente como es la hambruna.
Por otro lado, casos como Nauta en la región de Loreto, Perú, que es la puerta de comunicación con muchas comunidades a través de los ríos, la Guajira donde el Pueblo Wayuu ha demandado por años la respuesta del gobierno colombiano a los problemas de desnutrición infantil, falta de agua potable, son casos en los cuales la pandemia puede volverse incontrolable si los gobiernos no toman acciones inmediatas.
En este marco urge responder estos vacíos, a ya casi a un mes y medio de la llegada del COVID-19 en la región hay experiencias que pueden ayudar. Detener el avance del contagio a través del aislamiento social es una estrategia que está funcionando. Esta estrategia es familiar para los pueblos indígenas, hay mucha experiencia, pero sino va acompañada de una respuesta de políticas públicas de emergencia en el marco de la epidemia que les devuelva el control del territorio, tampoco funcionará. Programas y proyectos gubernamentales y privados restringen el control y uso del territorio, muchas áreas protegidas están vedadas, bosques comprometidos a proyectos REDD, fuentes de agua están capturadas por las multinacionales extractivistas y tierras acaparadas por los agronegocios.
Aislamiento económico, aislamiento social una realidad histórica
Los pueblos indígenas son pobres, a esta conclusión llegan los análisis de organizaciones humanitarias, de apoyo al desarrollo y de la cooperación internacional, y se han quedado en este punto. Los pueblos indígenas continúan apareciendo en datos, o finalmente cuando no aparecen los analistas señalan que tienen una deuda histórica con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas para incorporar en su análisis de políticas económicas, de economías de cuidado, de apoyo humanitario, de políticas sociales, etc.
Las medidas económicas y sociales a través de los años han aislado a un buen porcentaje de la población indígena en América Latina, y los pocos que existen no cuentan con un enfoque socioculturalmente apropiado, y se nota la ausencia de un diálogo con sus pares, las organizaciones indígenas, para tomar estas decisiones.
Resultado de este aislamiento son el número reducido de los programas y proyectos que trabajan en coordinación directa con organizaciones indígenas, y qué no decir, con organizaciones de mujeres indígenas. La capacidad administrativa y la complejidad de estas organizaciones son una justificación sólida que continúa aislándolas y manteniéndoles en los “pueblos indígenas pobres”.
En el momento particular, donde por primera vez en la historia todos somos iguales a contagiarnos con el COVID-19, surge el desafío de enfrentar al mismo en igualdad de condiciones, con una perspectiva de derechos. Esto significa que en las respuestas los países deben enfrentar las desigualdades que persisten en la región, en particular aquellas que afectan a los pueblos indígenas.
Las respuestas deben garantizar el disfrute de derechos humanos de los pueblos indígenas de manera igual, desde un enfoque individual sin dejar a un lado el derecho a ser diferentes, a su derecho colectivo plasmado en sus formas de organización y su mirada hacia los bienes de servicios y bienes de capital de forma diferente.
Notas:
(1) https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_735914/lang–es/index.htm
(2) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6165/1/S0900855_es.pdf
(3) https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Programas-de-transferencias-condicionadas-con-pueblos-ind%C3%ADgenas-de-Am%C3%A9rica-Latina-Un-marco-conceptual.pdf
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*Elisa Canqui es aymara de Bolivia y ex Miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
Fuente de la imagen: Vida Nueva digital
