Durante los últimos días hemos sido testigos de cómo la ciudadanía se ha levantado, inicialmente en Santiago, y luego a lo largo del país, para expresar su cansancio y malestar frente múltiples situaciones de injusticia, inequidad y marginación por parte del Estado y de las élites políticas y económicas que lo controlan.
A la protesta inicial de los y las estudiantes de Santiago por el incremento de las tarifas del Metro, se fueron sumando amplios y diversos sectores de la población. No se trata de un malestar nuevo, sino de uno que se venía manifestando de muchas formas como la protesta social; la masiva desconfianza en las instituciones del Estado, en los partidos políticos y en el empresariado; así como de la abstención electoral más elevada de América Latina, entre otras.
El cansancio frente a este estado de cosas y la ausencia de posibilidades de cambio del status quo por la vía política, generó la explosión social que estamos viviendo, la que se ha manifestado de muchas maneras, incluyendo multitudinarias manifestaciones pacíficas y también hechos de fuerza. Desde nuestra perspectiva, la respuesta del Gobierno frente a esta explosión social ha sido errónea, recurriendo a las herramientas que la institucionalidad de la dictadura le otorga, declarando el estado de emergencia y toque de queda, en diversas regiones y ciudades del país. Se ha sacado a las fuerzas armadas a la calle, fuerzas que en conjunto con las policiales han tenido un actuar absolutamente abusivo y reñido con los estándares de un Estado Democrático. Dicho actuar represivo y desproporcionado, cada día se ejerce de manera más violenta impidiendo el derecho a la manifestación y vulnerando derechos fundamentales. A la fecha han fallecido cinco personas por la acción de militares y de carabineros; 269 personas han resultado heridas, de las cuales 137 presentan lesiones por armas de fuego; 1894 personas han sido detenidas; y se han presentado 30 acciones legales en favor de 129 víctimas, tal como informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). También se han registrado secuestros temporales, abusos sexuales en contra de detenidas y apremios ilegítimos contra niños, niñas y adolescentes. Estas cifras aumentan hora tras hora rememorando los tiempos más oscuros de nuestra historia contemporánea.
Siendo la decisión de decretar estado de emergencia cuestionable desde una perspectiva política, desde perspectiva de derechos humanos es rechazable por significar la restricción de derechos de las personas y por generar condiciones para violaciones de derechos humanos. Un estado de excepción en nuestro ordenamiento jurídico no faculta a la autoridad para realizar detenciones arbitrarias, tortura o apremios ilegítimos, ingresos a propiedad privada, uso de fuerza letal contra personas desarmadas y que no significaban amenaza o desacato a la autoridad y todo eso ha estado ocurriendo, lo cual denunciamos.
Condenamos de manera categórica la violencia impuesta por la estrategia de guerra declarada e impulsada por el Gobierno, y nos parece que ellas dan cuenta de una falta de comprensión total del trasfondo del conflicto social y político que estamos viviendo y, por lo mismo, resulta absolutamente inoficiosa para abordar y superar la fractura de Chile, sino por el contrario, la ahonda.
Mediante una carta entregada este 22 de septiembre le exigimos al Gobierno terminar con el estado de emergencia y la estrategia de guerra que ha impuesto, para de esta forma terminar con la grave situación de vulneración de derechos humanos que se vive, y demandamos la investigación de los atroces hechos de violencia cometidos por las fuerzas armadas y de orden, para que se sancione a sus perpetradores con las penas que establece la ley.
No confiamos en que nuestra demanda sea escuchada. Tampoco confiamos en la justicia ni en el parlamento chileno que, a cinco días de iniciadas estas medidas antidemocráticas que nos han conducido a esta crisis, siguen sin tomar medidas que concluyan con esta situación que llamamos sin dudar Terrorismo de Estado. Se está intentando intimidar a la población de manera sistemática a través del uso de la fuerza para que ésta acate las propuestas de gobierno.
Dado que tras varios días la autoridad política no ha logrado generar condiciones para que no se produzcan violaciones a derechos humanos y más bien usa un lenguaje que legitima el uso de violencia desmedida propio de una guerra real, pedimos a las organizaciones solidarias que hagan correr nuestra voz por todo el mundo y que inicien las gestiones necesarias para operativizar de manera urgente una misión internacional de observación de derechos humanos que vigile el actuar del Gobierno de Chile y contribuya a restablecer el Estado Democrático. Este momento político requiere de lentes objetivos que ejerzan una presión internacional para que se retiren los militares de las calles, se vigile la acción policial, se desarrollen investigaciones judiciales y forenses imparciales, y se restablezca el derecho a la manifestación y reunión en el país.
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos – Agrupación de expresos políticos Enrique Pérez – Centro de Derechos Humanos UFRO- Centro de Investigación y Defensa del Sur – Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos – Comisión Ética Contra la Tortura – Observatorio Ciudadano – Red de Acción por los Derechos Ambientales – Red de Defensa de los Territorios
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Enviada por Ximena Cuadra Montoya
