En Brasil, experiencias como el Programa de Adquisición de Alimentos, replicado en otros países, sufrió recortes del 90%
Por Vanessa Gonzaga, en Brasil de Fato / Servindi
No es novedad que 70% de la alimentación de los brasileños y brasileñas es producida por la agricultura familiar, como señala un estudio Secretaría Especial de Agricultura Familiar y Desarrollo Agrario (SEAD). Pero, para que agricultores y agricultoras en todo el país puedan producir cada vez más alimentos, algunos programas de crédito y compra de esos alimentos son esenciales, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).
Creado en 2003, durante el primer gobierno de Lula, el PAA es una de las políticas que tiene como objetivo colaborar con la erradicación del hambre y de la pobreza, y, al mismo tempo, fortalecer la agricultura familiar.
Una parte de la producción de agricultores familiares, asentados de la reforma agraria, comunidades indígenas, quilombolas* y tradicionales es comprada por el gobierno y puede ser destinada a los restaurantes populares, hospitales públicos, bancos de alimentos y canastas básicas o puede ser adquirida por organizaciones de agricultura familiar para stock de alimentos, controlando la venta periódicamente.
Aparte de eso, los órganos públicos del gobierno tienen la orientación de tener, como mínimo, 30% de sus alimentos provenientes de la agricultura familiar, comprados a través del PAA. Cada agricultor que provee sus productos para el programa tiene un limite anual de ventas, que puede llegar a hasta R$ 20.000 (US$ 5.245).
El PNAE posee algunas semejanzas con el PAA, pero está inspirado en la Campaña de Colación Escolar, creada en el gobierno de Getúlio Vargas, en 1954. El fundamento del programa es garantizar como mínimo una comida diaria en las escuelas del país.
Por el tiempo de existencia y necesidad de trabajo colectivo entre el nivel nacional, los estados y municipios, el PNAE es hoy el mayor programa de alimentación y nutrición de América del Sur, reconocido internacionalmente por gobiernos y organizaciones internacionales.
A partir de estos programas, visitando las diversas comunidades campesinas, es notable como la vida de las familias de agricultores y agricultoras cambió.
Muchos, a partir de programas de crédito, consiguen financiamiento para la compra de equipamientos para la producción de dulces, pulpas, y otros productos con mayor valor agregado, o hasta incluso tener más oportunidades de circular su producción excedente en ferias locales, a partir de las asociaciones y cooperativas.
Una de las personas que vio este cambio en los últimos años fue Pedro Custódio, agricultor familiar que produce en la comunidad del Feijão, en la zona rural de Bom Jardim, en el agreste del estado de Pernambuco, al norte de Brasil.
Con la reforestación y la recuperación de áreas degradas que pertenecían a sus abuelos, a partir de la agro floresta, Pedro logra producir alimentos el año entero, como jaca, naranja, cajá, acerola, banana y hortalizas, que produce solo en los períodos de sequía, ya que los productos son más valorados.
Además de la agro floresta, Pedro también tiene un banco de semillas y una cocina comunitaria, que permite a los productores de la comunidad de Feijão plantar con semillas criollas [nativas] y procesar parte de la producción de frutas fabricando pulpas.
Pedro es uno de los agricultores que produce para el PAA y también circula su producción en la feria de agroecológicos de Bom Jardim.
Por la implementación e inversión en los programas, junto a otras iniciativas, fue posible retirar a Brasil del Mapa del Hambre en 2014, lo que volvió al país una referencia de combate al hambre y a la pobreza para diversos países de América Latina.
Inspirados en el modelo brasileño, países como El Salvador, Guatemala, Honduras y otros han construido programas semejantes para al mismo tiempo combatir el hambre y fortalecer la agricultura familiar.
“Desarrollamos algunos proyectos. Entre ellos, algunos proyectos con el Fondo Nacional de Desarrollo de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Agrario, con la Agencia Brasileña de Cooperación en el programa que tiene en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) en América Central, con la idea de desarrollar proyectos como el PNAE y algunos programas de apoyo a la agricultura familiar. Algunos países ya implementaron leyes, como fue aquí en Brasil, o inician proyectos en escuelas modelo. Creo que lo más importante para nosotros fue haber instalado una discusión sobre el tema”, explica Pedro Lucas Boareto, representante brasileño en Chile de la FAO, que ha visitado experiencias en todo el país de técnicas, programas y herramientas de fomento la agricultura familiar y agroecológica y erradicación del hambre.
Uno de los programas que ha sido implantado en esos países es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), desarrollado por la FAO en conjunto con los gobiernos municipales y departamentales de los países vecinos.
Como en los programas brasileños, el programa tiene el objetivo de fortalecer del desarrollo local, proveyendo para las escuelas alimentos saludables, libres de transgénicos y agro tóxicos y que respetan las condiciones climáticas de la región y la cultura alimentaria de cada lugar.
Antes de la acción del programa, había poco rigor en la selección de los alimentos comprados para los niños. “En muchas escuelas pequeñas queda a cargo de los profesores y profesoras escoger la colación de los niños y hasta incluso comprarla. Como hay poca y en algunos lugares ninguna fiscalización, muchos compraban dulces o galletas rellenas en vez de comprar frutas y verduras” explica José Romni Girón, funcionario de la FAO en El Salvador.
Inclusive con años de ejercicio y reconocimiento, los programas vienen sufriendo amenazas, corriendo el riesgo de ser extinguidos. Con el golpe de 2016, son notables los movimientos del gobierno de Temer para debilitar todas las políticas volcadas a la agricultura familiar, al mismo tiempo que hace una serie de concesiones al agro negocio y la bancada ruralista.
Ya en 2016, el gobierno extinguió nueve ministerios, siendo uno de ellos el Ministerio de Desarrollo Agrario, que acabó siendo incorporado al Ministerio de Desarrollo Social. En 2017, el gobierno retiró los recursos de los programas, que cayeron el año pasado de 500 millones de reales (US$ 131 millones) a apenas 54 millones (US$ 14), un corte de aproximadamente 90%.
De acuerdo con la Articulación del Semiárido Brasileño (ASA), el número de personas atendidas disminuyó de 91.700 a 41.300, una reducción de 55% en el número de familias beneficiadas por el programa.
Si incluso siendo consolidados y reconocidos internacionalmente los programas corren riesgo, es posible verificar como el vaciamiento financiero de los programas brasileños impacta en los programas en otros países, que también están subordinados a la política económica de cada gobierno.
En el municipio de San Bartolo, en El Salvador, Mariano Fernández es agricultor y miembro de la Asociación de Productores de San Bartolo, que tiene hoy 25 familias asociadas y es una de las organizaciones que accede al Programa de Alimentación Escolar.
La asociación se inició a partir de la producción individual en los patios de las familias, que concibieron que el trabajo sería más productivo y lucrativo si fuese colectivizado. Hoy la asociación produce frutas, verduras y hortalizas y parte de la producción es vendida al Programa de Alimentación Escolar.
Incluso con el éxito de la experiencia, Mariano lamenta la vulnerabilidad: “El programa se parece mucho al PNAE, pero es administrado por los municipios, por eso, mejora o empeora conforme cambia el gobierno. Si el alcalde está a favor de la agricultura familiar, da más apoyo y más presupuesto, pero en caso de que sea alguien vinculado a los hacendados, nuestra producción para el programa disminuye. Muchas veces la ley es burlada y en vez de comprar a agricultores, la alcaldía compra a los intermediarios, que no producen, sino que sólo revenden la mercadería. Sería muy importante que el programa fuera una ley nacional, porque el programa solo con apoyo del municipio acaba siendo muy vulnerable”.
En Brasil, además de los recortes, la transferencia de presupuesto tiene atrasos, lo que ha perjudicado a los agricultores, como afirma Adeildo Barbosa, agricultor y coordinador de la Asociación de Agricultores Agroecológicos de Bom Jardim, la Agroflor: “El PAA antes tenía una libertad mayor. Del PNAE esperamos los pagos de la alcaldía por una semana, hasta dos, pero recientemente se han atrasado mucho, ya llegaron a atrasarse tres meses”.
Aparte de eso, el límite anual de venta de los agricultores disminuyó mucho: “Ya llegué a proveer 8 mil reales (US$ 2100) en alimentos para el PAA en seis meses. Este año ellos sólo compraron 3 mil (US$ 785), es una diferencia grande.”, refuerza Delfino Oliveira, que produce hortalizas, maíz y tubérculos agroecológicos para el programa.
En tierras brasileñas o latinoamericanas, los agricultores se han organizado para frenar los retrocesos y construir alternativas para continuar produciendo, como resalta Gizelda Lopes, agricultora e integrante del Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales de Remígio, en Pólo da Borborema “creo que el gran secreto de tener tantas oportunidades en los últimos años fue la organización popular. Creo que es un diferencial aquí en Brasil, porque por cada retroceso, estamos en las calles luchando para garantizar nuestros derechos y con estos recortes no ha sido diferente”.
*Habitante de un quilombo. Los quilombos son asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados.
Edición: Monyse Ravenna | Traducción: Pilar Troya
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Foto: Además del PAA y PNAE, parte de la producción es vendida en ferias agroecológicas / Vanessa Gonzaga.
