El Senado de la Nación aprobó el miércoles 27 de setiembre un proyecto que prorroga por cuatro años la ley 26.160, con el objeto de evitar los desalojos de las comunidades de pueblos originarios de las tierras que ocupan de manera ancestral.
La aprobación se produjo en medio de movilizaciones de comunidades originarias, organizaciones sociales, y de derechos humanos. Incluso representantes de pueblos originarios lograron acampar en las inmediaciones del Congreso en demanda de la prórroga de la norma.
En el Senado la iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 62 votos afirmativos. Las pretensiones del gobierno nacional apuntaban a una prorroga por un plazo menor de dos años y medio.
La ley vigente vencía el 23 de noviembre de 2017. Ahora, el proyecto de ley pasó a la Camara de Diputados, que deberá darle sanción definitiva o devolverlo con modificaciones a la cámara alta.
La norma apunta a suspender los desalojos y permitirá que se cumpla el relevamiento catastral que debió haber terminado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Cabe destacar que la denominada ley de tierras cobró relieve con la desaparición forzada de Santiago Maldonado tras la represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional durante una protesta mapuche en la provincia de Chubut.
La senadora Norma Durango, impulsora de la propuesta, apuntó que la precaria situación de la tenencia de tierra por parte de los pueblos originarios “amerita” la referida prórroga e indicó que se trata de “un proyecto imperativo de derechos humanos”, porque “es la obligación del Estado reconocer la propiedad de los territorios a los comunidades ancestrales”.
Durango explicó que en la actualidad “hay 600 mil personas” que se identifican como descendientes de “los pueblos indígenas, distribuidas en todas las provincias de nuestro país” y que “muchas todavía no fueron relevadas”.
Durango recordó que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, así como la “posesión de las tierras que ocupan y que ninguna de ellas será enajenable”. Por último, manifestó preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado.
Magdalena Odarda, presidente de la comisión especial de Asuntos indígenas, afirmó que se trata “de un proyecto de vital importancia para todos los pueblos indígenas de la República Argentina”.
Odarda remarcó que las definiciones en materia de derechos esos pueblos previstos en la reforma constitucional del año 94 todavía no se han concretados.
Agregó que los derechos de las comunidades originarias está fundado, además de la Constitución, en convenios internacionales como el 169 de la de la OIT que defiende “el derecho a la consulta libre, previa y formada” de esos grupos étnicos, y advirtió que “todavía hay mil comunidades que no han culminado el proceso de relevamiento y que pueden ser despojados de sus territorios”.
Luis Naidenoff, un radical formoseño, tierras donde el ataque a los pueblos originarios es moneda corriente, adelantó que su bancada va “a acompañar la prórroga” en respeto a los derechos de “las comunidades que son parte de la vida de nuestras sociedades”.
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Compartimos un vídeo sobre el debate abierto realizado el jueves 21 de setiembre en el Senado de La Nación por la prorroga de la Ley 26160 de Relevamiento Territorial y en defensa de los territorios Indigenas. Participaron: Nora Cortiñas, Pino Solanas, Adolfo Perez Esquivel entre otros, tambien representantes de distintos pueblos originarios. En este vídeo interviene Orlando Carriqueo en representacion del la Comunidad Mapuche Urbana Elel Quimun:
