El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jorge Herrera, denunció ante el representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador el desalojo de la comunidad indígena de Nankints, en la provincia de Morona Santiago, para llevar a cabo un proyecto minero.
Tal como lo anunció la CONAIE en una reciente conferencia de prensa Jorge Herrera presentó el caso a Diego Zorrila, representante de la ONU, el 24 de agosto, indicando que se trata de un caso de violación a los derechos humanos y que no se cumplió con una consulta previa libre e informada sobre la proyectada actividad minera.
Tras la reunión,Herrera indicó que existe la posibilidad de que una comisión de relatores de las Naciones Unidas acuda a Ecuador para que conozca “la amenaza a los territorios y a la vida” de las comunidades indígenas por dicho proyecto minero.
Con ese fin, la CONAIE solicitó que se prepare un informe para que sea presentado al organismo internacional pero no se establecieron plazos para su elaboración.
Herrera afirmó también que se creó una comisión conformada por CONAIE y las Naciones Unidas para dar seguimiento al caso. De este modo, la organización indígena espera que el Gobierno de Ecuador retire la fuerza pública que permanece en el lugar.
CONAIE anunció que las próximas acciones que tomarán se definirán el 3 y 4 de setiembre en el Congreso Regional Amazónico.
El desalojo en Nankints
Como se recuerda, la mañana del 11 de agosto de 2016 la fuerza pública desalojó a ocho familias indígenas y numerosos individuos de la referida comunidad, ubicada en la parroquia San Carlos Pananza, cantón San Juan Bosco, a fin de llevar a cabo el proyecto San Carlos-Panantza, concesionado a la empresa China Explorcobres (EXSA) desde 2002.
Policías y militares ingresaron al territorio comunitario de forma violenta, agrediendo a las personas que se encontraban en el lugar manifestando pacíficamente su oposición a la actividad minera.
Durante el desalojo, las familias no tuvieron tiempo de recoger sus pertenencias ni los animales que crían, indicó Luis Tiwiram, representante de Nankints, durante la conferencia de prensa de CONAIE.
De acuerdo a esta versión, los efectivos policiales dieron cinco minutos a los pobladores para retirarse de sus casas antes de ser derribadas.
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Imagen: Eduardo Terán / El Comercio
