Por Marcos Matías Alonso, em Servindi
La historia de los pueblos indígenas está repleta de un memorial interminable de agravios, insolencias y vejaciones de todo tipo. Las llagas de nuestra historia contienen dolor y heridas que no cicatrizan por competo. Más de cinco siglos y los pueblos indígenas han sido capaces de resistir múltiples agresiones. En pleno siglo XXI, la violencia brutal, la exclusión social y la discriminación racial, política y económica, no han sido extirpados de nuestra sociedad. A pesar de que en nuestro país, la práctica de algunas de estas calamidades están tipificadas como delitos sujetos a sanciones, su presencia es maldición indeseable y una amenaza que gravita sobre nuestros pueblos.
A lo largo del tiempo, algunas instancias e instituciones han pedido perdón a los pueblos indígenas. Otras, injurian nuestra cultura milenaria. La iglesia católica tardó cinco siglos para que su máximo jerarca reconociera esta trágica situación. En febrero del año pasado, en San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco Bergoglio pidió perdón por tantos siglos de exclusión y por una herida que aún sangra en México y en el continente:
“…muchas veces, de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos consideran inferiores sus valores, su cultura y tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras ¡Qué tristeza! Qué bien nos haría hacer un examen de conciencia y aprender a decir: ¡Perdón! ¡Perdón Hermanos! El mundo de hoy, los necesita, que no se pierda la sabiduría de sus ancianos”.
El Estado, la iglesia, los empresarios, los apoderados, la clase política, los gobernantes, el ejército, el presidente de la república, los senadores y diputados, tienen deuda acumulada con los pueblos indígenas. ¿Cuántos perdones tienen que otorgarse para saldar el daño que por siglos han causado predeterminadamente, por omisión y negligencia a los pueblos indígenas? El memorial de agravios requeriría enciclopedias oprobiosas. Ilustro cinco ejemplos emblemáticos del caso de las mujeres indígenas, que han llamado la atención de la sociedad nacional e internacional.
a) El caso de Valentina Rosendo Cantú me’phaa de Guerrero
El 1º de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) proclamó dos sentencias en contra del Estado mexicano en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En dichas resoluciones determinó que en el 2002, a la edad de 17 y 25 años respectivamente, ambas mujeres fueron violadas sexualmente por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero. El Gobierno Federal demoró más de un año para iniciar el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.
El 15 de diciembre del 2011, en el Museo Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se instaló el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado mexicano en favor de Valentina. En representación del Estado mexicano estuvieron presentes: Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación; Marisela Morales, Titular de la Procuraduría General de la República; y el General Rafael Cázares Anaya, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El centro del presídium fue ocupado por Valentina Rosendo y Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, “Tlachinollan”.
En su intervención, Valentina sintetizó la tragedia que vivió: “ Mi nombre es Valentina Rosendo Cantú, ahora tengo 26 años, pero en febrero de 2002, cuando me agredieron sexualmente militares, tenía 17 años. Desde entonces he buscado justicia”. La justicia que fue denegada en nuestro país, la encontró en los tribunales internacionales y con el acompañamiento de “Tlachinollan”. Valentina quebró al Estado mexicano, quien tuvo que reconocer su responsabilidad en este vergonzoso acontecimiento.
El Secretario de Gobernación, en su calidad de portavoz del Estado mexicano, manifestó: “Señora Valentina, a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos. Estimada Valentina, ejemplar Valentina. Hace casi una década el Estado no la protegió ni le procuró justicia; hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia, este acto público es prenda de esa convicción, a sabiendas de que parte de su sufrimiento es irreparable…, deseamos que este acto simbólico se traduzca en una mínima restitución de justicia…Una vez más, una disculpa”.
“Usted disculpe, usted perdone”. Las palabras vanas no restituyen la justicia ni la reparación de daños que causó profundas heridas en una mujer indígena que representa parte de la dignidad del pueblo de Guerrero.
b) El caso de Inés Fernández Ortega, me’phaa de Guerrero
A tres meses de distancia del ofrecimiento de la disculpa pública otorgada a Valentina Rosendo, el 6 de marzo del 2012, en la plaza pública de Ayutla de los Libres, Gro., se realizó el “Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Inés Fernández Ortega”, para cumplir las disposiciones de la CIDH y resarcir el daño causado por soldados del ejército mexicano.
En la plaza pública de Ayutla se instaló el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano en favor de Inés Fernández. En representación del Estado mexicano estuvieron presentes: Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación; Marisela Morales, Titular de la Procuraduría General de la República; General Rafael Cázares Anaya, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional; y Ángel Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero. El centro del presídium fue ocupado por Inés Fernández; Abel Barrera, Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, “Tlachinollan”; Erika Zamora, sobreviviente de la masacre de El Charco; Obtilia Eugenio M., presidente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM); y Armando García Rendón, presidente municipal de Ayutla de los Libres.
En su intervención, Inés Fernández relató la desdicha que sufrió a la edad de 25 años, cuando fue atacada por soldados del ejército mexicano. Recordó aquellos años de sufrimiento en los cuales quedó desprotegida sin ninguna instancia de gobierno que brindara su ayuda. Evocó el dolor de sentirse discriminada y abandonada por las instituciones del gobierno municipal y estatal. En la plaza pública resonó fuerte la lengua Me’phaa de Inés Fernández. Resaltó el invaluable apoyo que le brindó “Tlachinollan” y el genuino compromiso de Abel Barrera, por defender la causa de las mujeres indígenas de Ayutla. Reclamó el abandono en que se encuentran sus hermanos indígenas sin recibir ningún apoyo del Gobierno. Con ironía afirmó: “En este documento entrego las demandas de las comunidades indígenas. Que lo firme el Gobernador, aunque la verdad, no creo que cumpla”. El tiempo le ha dado la razón.
Alejandro Poiré, en su calidad de vocero del estado mexicano, reconoció la incansable lucha de Inés Fernández por encontrar la justicia. A cielo abierto, Poiré exclamó: “Señora Inés Fernández Ortega, a usted, a su esposo y a sus hijos, en mi carácter de Secretario de Gobernación y en nombre del Estado mexicano, le ofrezco las más sinceras y sentidas disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en la que resultaron gravemente lesionados sus derechos. Mi estimada Inés, hace casi una década que fuiste víctima no solamente de un desleal, sino también de la omisión de un Gobierno que no te procuró justicia. Inés, con tu ejemplo le das una lección de justicia a Ayutla, a Guerrero y a todo México”.
En el acto público en Ayutla, taladró la voz de Abel Barrera: “Hoy estamos aquí para ser testigos de otra lucha histórica emprendida por las mujeres indígenas, abanderada por la compañera Inés. Hace diez años sobreviviste a un brutal ataque perpetrado por soldados del ejército mexicano, que lastimó tu cuerpo y tu corazón, agraviando a tu familia y a toda tu comunidad” (en www.tlachinollan.org puede ampliar la información sobre este y otros casos).
Cuánto sufrimiento acumulado padecen las mujeres indígenas, cuánta impunidad existe en el país. Cuántos dolores que no terminan, agravios que como fierro candente punza en la piel de las mujeres indígenas.
c. El caso de Teresa González, Jacinta Francisco y Alberta Alcántara, hña´hñu de Querétaro
En cumplimiento de la sentencia dictada el 20 de noviembre del 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y con estricto apego a lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 21 de febrero del 2017, en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología, se instaló el “Acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la Procuraduría General de la República hacia las mujeres hña´hñu Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González”. En el presídium, la PGR estuvo representada por su titular, el Dr. Raúl Cervantes Andrade; el periodista Ricardo Rocha; Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; y las señoras Teresa, Jacinta y Alberta.
En la intervención de Estela, hija de Jacinta Francisco, explicó la injusta situación que padeció su madre y las otras mujeres hña´hñu: “…ella fue secuestrada el jueves 3 de agosto del 2006 acusada de privación ilegal de la libertad de seis Agentes Federales de Investigación (hoy agentes ministeriales) con el expediente 48/2006, sentenciada a 21 años de cárcel…”. En voz de Jacinta: “…yo estuve en la cárcel injustamente, porque yo no sabía defenderme, yo no sabía hablar, ni sabía porque me llevaban…, me llevaron 3 años y dos meses a la cárcel…, mi hijo falleció a los 5 meses y los 3 años de que me quitaron la libertad, eso no se puede regresar. Nunca se puede recuperar”.
En su alocución, la Sra. Teresa González recordó que, en marzo del 2006, llegaron a Santiago Mexquititlán (Querétaro), agentes de la AFI y causaron diversos daños a su comunidad. Las mujeres defendieron su patrimonio y el 3 de agosto fue detenida y acusada de secuestro de seis agentes de la AFI. Al igual que Jacinta, injustamente sufrió tres años de cárcel: “Hoy en día, estos años de lucha nos han hecho tener fuerzas para seguir luchando con nuestra familia y amigos. Para mí esta disculpa pública es una gran victoria porque cierra estos años de lucha…, quisiera darle un mensaje a mujeres víctimas como nosotras: que luchen, que no se queden calladas hasta que las autoridades las escuchen y la sociedad sepa la verdad. Si se puede. A veces es por miedo que nos quedamos calladas”.
La Sra. Alberta relata lo que sufrió el 3 de agosto del 2006: “Me detienen en mi trabajo. Me llevaron al CERESO femenil. Allí pasé humillaciones por ser indígena y pobre. Tocamos muchas puertas y no nos hacían caso, hasta que encontramos al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Allí empezó a cambiar nuestra situación, a ser escuchadas, después de 3 años y 8 meses en prisión”.
Es de alta preocupación escuchar de la voz de las mujeres indígenas, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hayan negado el apoyo jurídico para defenderlas de las injustas acusaciones de los agentes de la AFI. Parecía imposible revertir la sentencia de un Juez de Distrito de dictar la sentencia por 21 años de prisión a las tres mujeres indígenas. En la batalla legal las mujeres hña´hñu apelaron la revisión de su caso a la SCJN y al Tribunal Federal de Justicia Fiscal; ambas instancias determinaron la responsabilidad de funcionarios públicos de la PGR por actos violatorios que ocasionaron daños materiales y morales a Teresa, Jacinta y Alberta. Del examen de este proceso se obtuvo la sentencia inédita que obligó a la PGR a pedirles perdón.
Al momento de pedir la disculpa pública, Raúl Cervantes, en su carácter de titular de la PGR, expresó:
“Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la PGR contravino en el pasado, el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida. Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral”.
En estos momentos cruciales, en el auditorio Jaime Torres Bodet, los miles de testigos que presenciamos este acto nos pusimos de pie para dar paso al acto formal del reconocimiento de inocencia de nuestras hermanas indígenas. Con atención escuchamos la voz del titular de la PGR: “…en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a ustedes: Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma incorrecta, fueron privadas de su libertad”.
Cierro este apartado con las palabras de Mario Patrón, Director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”:
“El día de hoy estamos aquí para atestiguar un acto de esperanza, gracias a la dignidad de tres mujeres indígenas que decidieron alzar la voz contra la injusticia…Obtuvieron una sentencia inédita que obligó a la PGR reconocer su inocencia y a pedirles perdón…testimonios de vida como el de Ustedes son un signo de esperanza, una bocanada de oxígeno para quienes buscan un México mejor…Sus generosos esfuerzos para llegar a este Acto, sépanlo, nutren también otras historias de lucha contra la impunidad” (en www.centroprodh.org.mx, puede ampliar esta información).
Que este signo de esperanza, y la lucha incansable de las mujeres indígenas contra la discriminación y la impunidad sean una verdadera lección para que en México no se presenten más casos vergonzosos. Nuevas y más voces que reclaman justicia se han alzado y se alzarán en el país. Las mujeres de Atenco, que hace una década sufrieron brutales abusos sexuales, también han llegado a la CIDH y han pedido que dicha instancia analice su caso. Hace diez años Enrique Peña Nieto era Gobernador del estado de México; hoy es Presidente de la República. Quizá sea el primer mandatario nacional que tenga que pedir perdón a las mujeres de Atenco. Tarde o temprano la justicia lo alcanzará y tendrá que pedir disculpa pública por su responsabilidad como ex Gobernador del Estado de México y como máximo responsable del Estado mexicano.
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*Marcos Matías Alonso es investigador y titular del CIESAS. Correo electrónico: [email protected].
Destaque: En mayo de 2006, más de 20 mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente por policías en un operativo en San Salvador Atenco, en el Estado de México. Aun esperan justicia.
