Vigilante Amazónico, em Servindi
Tras el fallido diálogo de la semana pasada, los líderes indígenas de la Amazonía norte anunciaron un plazo de 20 días para que los funcionarios del Gobierno se comprometan a garantizar la consulta previa para el nuevo contrato del Lote 192.
Al día de hoy (ayer), quedan 11 días de dicho plazo y aún no se conoce de una respuesta por parte del Estado. De no obtener una respuesta, las federaciones han anunciado el reinicio de movilizaciones.
El pasado martes 22 de agosto, representantes de 16 comunidades no obtuvieron una respuesta que asegure su derecho a consulta.
Los funcionarios de la PCM y del Ministerio de Energía y Minas señalaron que no pueden “adelantar opinión” pues hay un contrato vigente hasta enero de 2019. Las comunidades exigían un acta donde, más allá de fechas, se señale que se respetará su derecho a consulta.
Según han señalado los apus, la consulta previa es fundamental para garantizar que se incluyan en el nuevo contrato cláusulas claras y específicas que obliguen a la empresa a cumplir con condiciones ambientales y sociales adecuadas.
“Sin consulta no hay petróleo”, han señalado, pues no están dispuestos a repetir otra vez la trágica historia de 47 años de explotación petrolera irresponsable y destructora. “No vamos a repetir la misma historia”, dice el apu Carlos Sandi, representante de comunidades achuar.
Ellos exigen que se les consulte; de lo contrario, “no aceptamos que sigan explotando los recursos de nuestros territorios” han advertido.
Tras más de una década de diálogos diversos y pocos cambios reales, las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE y ACODECOSPAT y sus comunidades desconfían profundamente del Estado.
Han denunciado poca transparencia ante las gestiones actuales para la elaboración de un nuevo contrato a 30 años.
También han padecido reiteradas y flagrantes muestras de mala fe sobre su derecho a consulta. Exactamente hace dos años, estas mismas comunidades indígenas fueron excluidas arbitrariamente del anterior proceso de consulta del mismo lote.
Tras el término del anterior contrato con Pluspetrol, actualmente está vigente un contrato de servicios por dos años con Frontera Energy Corp. A causa de la suspensión del transporte de petróleo por las continuas roturas y derrames en el oleoducto norperuano, el plazo para el contrato se extenderá hasta 2019.
Luego de esa fecha, el Estado firmará un contrato de concesión a 30 años, el que además —según la Ley 30357 aprobada el 2014— debería dar prioridad a la estatal PetroPerú.
Esta empresa ya fue titular del cercano Lote 8 en el período 1977-1996, generando grandes impactos ambientales que las comunidades indígenas no están dispuestas a permitir otra vez.
Cabe recordar, además, que Pluspetrol dejó más de 2 mil sitios impactados y que aún no se hace responsable de su remediación por la ausencia de un Plan de Abandono.
Según informó recientemente la ministra Cayetana Aljovín, PetroPerú podría operar el Lote 192 asociado a Frontera Energy Corp. De ser así, la negociación directa entre PerúPetro y el consorcio PetroPerú-Frontera Energy podría iniciar en cualquier momento, y dicho proceso tiene un plazo de tres meses en los que se definen los términos del contrato.
Con todos estos antecedentes, los pueblos indígenas demandan una consulta previa que se realice en plazos adecuados, con la debida anticipación para que ello garantice cláusulas ambientales y sociales adecuadas.
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Foto: Cortesía.
