Por Marcos Matías Alonso* – Servindi
Como preámbulo a la presentación del tema que me piden exponer, en primer lugar, deseo externar mi gratitud a Tarcila Rivera, por distinguirme de participar en este Foro Internacional; al Programa Andino de la Fundación Ford, por copatrocinar esta iniciativa de CHIRAPAQ “Centro de Culturas Indígenas de Perú”.
En esta misma hora y en este mismo día, en la Ciudad de México (CDMX) están celebrando el Foro Internacional: “La Declaración de las Naciones Unidas y los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Siendo tiempo de conexiones cibernéticas, es imprescindible recoger las recomendaciones y preocupaciones de ambos Foros, para ponerlas a la consideración de los Jefes de Estado de la región, al sistema de las Naciones Unidas, a los propios pueblos indígenas y a la comunidad internacional. La voz de ambos Foros Internacionales debe ser caja de resonancia para el mundo.
Hoy, en el Foro Internacional de la CDMX, se hace un homenaje a Rodolfo Stavenhagen, pionero en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas de México, América y el mundo. Para abrir el debate, y desde Lima, rindo tributo a R. Stavenhagen; para ello, retomo su artículo: “La emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores sociales y políticos en América Latina”, y trato de hacer un balance del movimiento indígena latinoamericano. Mis notas están lejos de hacer la historia de este movimiento, solo presento los avances relevantes y las demandas inconclusas, que siguen siendo asignaturas pendientes de resolver:
a. Los avances
En mis primeros años de participación en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, en la sede de la ONU, en Ginebra, Suiza, fui testigo del debate en las Naciones Unidas sobre la perspectiva en que era abordado el tema de los pueblos indígenas; en los inicios prevalecía con un enfoque de los derechos humanos individuales/universales; después, con una orientación como minorías étnicas nacionales y, en el tramo de las recientes décadas, como pueblos indígenas con plenos derechos a la autonomía y libre determinación. Hubo intensos y duraderos debates para hacer prevalecer el tercer enfoque. Esta fue la primera victoria de los pueblos y organizaciones indígenas de América y del mundo.
Tardaron varias décadas para que este planteamiento se reflejara en uno de los principales postulados de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El Estado Plurinacional. Los Estados nacieron con una visión excluyente. Los pueblos y las organizaciones de la región, en diversos foros, reiteramos que nuestro continente es una nación de naciones, pueblo de pueblos, cultura de culturas, lengua de lenguas; donde prevalece la diversidad cultural de los pueblos indígenas de América. Es una segunda victoria de los pueblos y organizaciones indígenas, que hoy, la mayoría de los Estados Nacionales reconocen su composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüe. Este es un gran avance, sobre todo, si valoramos que hace tres décadas, los Estados Nacionales no reconocían la presencia de los pueblos indígenas en sus Constituciones.
Solo para poner dos ejemplos: el artículo 1° de la Constitución Política de Bolivia, reconoce que “se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”. En su artículo 2°, la Constitución Política de México, reconoce que: “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”. Tanto en la experiencia boliviana, la mexicana y en la mayoría de los países de la región, la lucha social de los pueblos y organizaciones indígenas estuvo presente para demandar el reconocimiento de los Estados plurales, multilingües y multiculturales.
Como consecuencia de la transformación de los Estados Nacionales, se promulgaron reformas constituciones en varios países latinoamericanos. De nuevo, como en los casos de Bolivia y la CDMX, tuvieron que establecerse Asambleas Constituyentes para elaborar nuevos ordenamientos Constitucionales y armonizar los derechos indígenas con los tratados y la normatividad internacional. En ambos casos, fue activa la participación de los pueblos indígenas.
Bolivia, desde el 2007, elevó a rango de Ley Constitucional, la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La constitución de la Ciudad de México, del 21 de enero del 2017, es la segunda Carta Magna que incorpora las principales premisas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Un tercer triunfo poco comentado, es lo referente al crecimiento de la demografía indígena. En la mayoría de los países de América Latina se observa un incremento significativo en la población indígena. Un viejo reclamo era considerar en los censos poblaciones no solo la pregunta sobre la lengua indígena, sino, sobre todo, su pertenencia a un pueblo indígena. Al aplicar el criterio del derecho a la autoadscripción o a la autoidentificación, se elevó significativamente la población indígena. En la Encuesta Intercensal del 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta 25 millones de ciudadanos indígenas mexicanos, que representan el 21.5% de la población total de México.
Alguien podría preguntar: ¿y qué tienen que ver estos u otros avances con la emergencia de los pueblos indígenas en América Latina? La respuesta es la siguiente:
La primera victoria referida con anterioridad, se dio en el seno del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la ONU; la mayoría de sus participantes provenía de los pueblos y organizaciones indígenas de América Latina. Dicha victoria difícilmente hubiera ocurrido sin la contribución de los grandes líderes indígenas de nuestra región. Esta emergencia indígena tuvo un contexto internacional en el sistema de las Naciones Unidas.
La segunda y tercera victoria aludida se debe, en gran medida, al impacto del Convenio 169 de la OIT para reformar las Constituciones en materia indígena y la obligación de los Estados en armonizarlas con este tratado internacional. El derecho a la autoadscripción tiene, como fuentes primordiales, los postulados del Convenio citado. Los pueblos y organizaciones indígenas de América Latina ejercieron presión, tanto en los escenarios nacionales como en el “lobby” de las deliberaciones periódicas en la OIT.
b. Los viejos reclamos insatisfechos
La pobreza y la política pública. El 14 de enero del 2010, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, se presentó el Informe sobre ”La Situación de los Pueblos Indígenas del Mundo”, preparado por expertos indígenas y coordinado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. La pobreza y el bienestar, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos, son los ejes de reflexión para demostrar que la situación global de los pueblos indígenas, en vez de mejorar su nivel de vida, sus condiciones se agudizan de manera dramática.
Del 2010 a la fecha, en todos los rincones del mundo crece la exclusión, aumenta la desigualdad y la pobreza indígena se extiende alarmantemente. Los esfuerzos gubernamentales han sido insuficientes. La tendencia sobre la situación de pobreza indígena a nivel mundial, continental y nacional, se repite dramáticamente. La pobreza y la miseria se han expandido en toda América Latina. Aliviar, disminuir o anular la situación de pobreza indígena, exige mayor compromiso en la asignación del gasto social y presupuesto indígena. Si la política pública no es acompañada con suficientes recursos económicos, todo lo demás solo es discurso y demagogia.
Hasta hoy, son débiles e insuficientes las políticas públicas de los Estados Nacionales. En cada uno de nuestros países ¿saben cuál es el porcentaje del presupuesto que se destina para los pueblos indígenas? A manera de ejemplo, revisemos la prioridad gubernamental de México y Chile. En el primero, no rebasa el 1% y, en el segundo, solo destinan el 0.3%. Hemos avanzado en los derechos constitucionales pero no en los derechos económicos. Ningún Estado Nacional de América Latina destina más del 1% para la satisfacción básica de las necesidades de los pueblos indígenas.
Los indígenas en las Ciudades. Cada día más, los indígenas tienden a abandonar sus asentamientos originales. Santiago de Chile, Lima o la Ciudad de México, tan solo para mencionar tres ejemplos, en sus capitales y áreas periféricas, crece paulatinamente la presencia indígena. La mayoría de los países de la región adolece de políticas públicas pluriculturales para atender las múltiples demandas indígenas de las grandes zonas metropolitanas. Las instituciones de gobierno diseñaron sus políticas públicas para atender a los indígenas en los valles, montañas, serranías y caseríos, pero no en las áreas urbanas.
Crece la tendencia de la presencia indígena en las ciudades. La emergencia de los pueblos indígenas tiende a transformarse. De ser eminentemente rural, se expande hacia el mundo urbano. Varias metrópolis de América Latina y de otras regiones del mundo tienen grandes enclaves indígenas urbanos. Urgen políticas de Estado para este sector emergente que es discriminado y excluido en las grandes urbes.
La tierra, el territorio y los recursos naturales. Esta triada de temas son los de mayor prioridad para todos los pueblos indígenas de México, América y el mundo. El Estado, las empresas y las multinacionales han despojado históricamente este patrimonio estratégico que garantiza la supervivencia de los pueblos indígenas. Es verdad que “un indio sin tierra es un indio muerto”. También es cierto que un pueblo indígena sin su base territorial es un pueblo sin futuro. Del mismo modo, pueblos indígenas que son despojados de sus aguas, bosques, minerales y diversos recursos estratégicos, son comunidades que marchan hacia su decadencia.
Hasta hoy, los postulados del Convenio N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, han sido insuficientes para detener el despojo de estos bienes patrimoniales estratégicos. Las constituciones han servido para legitimar el despojo agrario de los pueblos indígenas.
Es difícil encontrar un solo país de América Latina que no tenga conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, el territorio y el manejo de los recursos naturales estratégicos. Este es uno de los principales desafíos de la región.
La emergencia de los conflictos indígenas es la expresión de la falta de reconocimiento y del respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. El despojo territorial por el otorgamiento de las concesiones a las grandes corporaciones mineras, ha desencadenado el desplazamiento forzoso de miles de comunidades que huyen de sus comunidades por las fuertes presiones del interés en la explotación minera.
El derecho a la consulta bajo consentimiento libre, previo e informado. En América Latina se han hecho muchos esfuerzos en promover la aplicación del derecho a la consulta bajo consentimiento libre, previo e informado, como un mecanismo que podría cerrar las puertas a la invasión minera y otras intromisiones que afecten los intereses de los pueblos indígenas. Frecuentemente se ha dado más prioridad a este tema, que en la defensa directa por las tierras, el territorio y los recursos naturales. Lamentablemente, los avances tanto en uno y otros temas, han sido bastante limitados. Este es uno de tantos retos por los cuales, en el futuro próximo, los pueblos indígenas seguirán luchando.
El poder político y los derechos electorales. La expresión de una de tantas exclusiones, es el derecho a la participación en los procesos político electorales. En México, América Latina y en la mayoría de los países del mundo, los pueblos indígenas han sido desplazados de los espacios de decisión nacional. En ninguno de los poderes nacionales hay una justa participación indígena. En la gráfica sobre la participación política indígena en los órganos legislativos en América Latina, se observan los porcentajes minoritarios de los indígenas que han llegado a los parlamentos de sus respectivos países.
Bolivia tiene la mejor representación legislativa de los indígenas; lo sigue Guatemala y, en tercer lugar, Ecuador. La gráfica ilustra que la participación indígena de las mujeres es aún más insignificante. Preludio que, en el futuro próximo, aumentará la representación indígena en el poder legislativo de varios países del continente.
La gráfica “de la resistencia indígena al poder político” ilustra la experiencia de varios líderes indígenas que han llegado al máximo poder nacional. Víctor Hugo Cárdenas (Bolivia) fue pionero de estar en la antesala del poder presidencial y Evo Morales coronó la aspiración de la llegada de los indígenas al poder político. En el próximo año, en México, el Congreso Nacional Indígena ha presentado la candidatura de María de Jesús Patricio, para dar la batalla por la presidencia de la República. Son experiencias inéditas y las páginas de su historia recién comienzan. Seremos testigos de estos procesos nuevos en América Latina.
Solo he bosquejado los desafíos más emblemáticos. Nuevos y más retos están por brotar. En el evento que ha convocado Tarcila Rivera, participan liderazgos de cuatro generaciones. Auguro que la nueva generación de líderes continúe y mejore la lucha que iniciaron los predecesores. En el futuro más jóvenes llegarán a los parlamentos para defender las mejores causas de nuestros pueblos indígenas.
Termino mi intervención con unas palabras para Tania Pariona, quien encarna la emergencia de la juventud indígena para ocupar los espacios legislativos que corresponde a los pueblos indígenas. Apreciada Tania: dignifiquen la lucha de nuestros antepasados y defiendan los derechos de nuestras futuras generaciones.
Nunca olvides tu raíz quechua; que Ayacucho sea tu bandera para hoy y mañana. Aprovechen la experiencia de los mayores y avancen con mayor velocidad. Tarcila Rivera representa la figura de los mayores y estamos contigo cuatro generaciones de hombres y mujeres. Son y somos un timón colectivo en el arduo camino que inició hace muchos ayeres.
A todos los saludo con mucho aprecio.
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*Marcos Matías Alonso es Investigador Titular del CIESAS de la Ciudad de México.
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Foto: Varios compañeros indígenas mexicanos y otros, con Victoria Tauli-Corpuz, Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Lima, Perú, 24 de agosto del 2017.
